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afrol.com, 18.05.01 - En una carta dirigida ayer al presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, Reporteros sin Fronteras (RSF) denunció el hecho de que la Asamblea Nacional haya adoptado el proyecto de enmienda del Código penal que a partir de ahora sanciona los delitos de prensa con multas importantes y penas de encarcelamiento que oscilan entre dos meses y un año. "Estas nuevas disposiciones constituyen un claro retroceso para la libertad de prensa en su país", subrayó Robert Ménard, secretario general de la organización. "Le rogamos utilice toda su influencia para que el Consejo de la Nación (el senado) no adopte este proyecto de enmienda del Código penal", añadió. RSF recuerda que, en un documento del 18 de enero de 2000, Abid Hussain, el Relator especial de las Naciones unidas sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, pidió "a todos los gobiernos que velen por que los delitos de prensa no sean condenables a pena de prisión, excepto en caso de delitos como los comentarios racistas o discriminatorios o llamamientos a la violencia. El encarcelamiento como condena de la expresión pacífica de una opinión constituye una violación grave de los derechos humanos". Según las informaciones recogidas por RsF, el 15 de mayo de 2001, la Asamblea Nacional adoptó el proyecto de enmienda del Código. A partir de ahora, el artículo 144 bis prevé dos penas de encarcelamiento que oscilan entre dos y doce meses y multas de 50 000 a 250 000 dinares (762 a 3811 euros) para cualquier "ofensa contra el presidente de la República mediante injuria, insulto o difamación, por escrito, dibujo u oralmente, cualquiera que sea el medio utilizado para ello: difusión sonora, imágen, soporte electrónico, información u otro medio". De ahora en adelante el ministerio público podrá incoar procedimientos directamente, sin necesidad para el agraviado de presentar denuncia previamente. En caso de reincidencia, las penas de encarcelamiento y las multas "ascenderán al doble". También podrán aplicarse todas estas sanciones en caso de delitos cometidos contra el "Parlamento o una de sus dos Cámaras, o contra el llamado ANP" (Ejército nacional popular) así como contra cualquier "otra institución pública o cualquier otro cuerpo constituido".
Fuente: RSF
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