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afrol news, 14.11.2001 - El Gobierno ecuatoguineano hizo pública el martes la aprobación de un programa denominado "de urgencia" para luchar, durante los próximos cuatro años, con la plaga del SIDA. El país, que no contaba con plan alguno al respecto ni con apoyo de organizaciones sanitarias tras la retirada de MSF en 1999, llega ya a tener una tasa de afectados del 7,2% de la población. El programa ¨de urgencia¨ se hizo público a través de un decreto firmado por el propio Presidente, Teodoro Obiang y en el que se reconoce que ¨actualmente las tasas de prevalencia (del SIDA) son del 7,2% de la población del país", estimada aproximadamente en un total de 450.000 habitantes. El Ministerio de Sanidad afirma que durante el pasado año 2000 se detectaron más de 11.000 nuevos casos de infectados por el virus del SIDA y en el mismo año fallecieron más de cincuenta personas a causa de la enfermedad. Antes estos datos, el decreto publicado el martes reconoce que "este nivel puede ser considerado como grave si se tiene en cuenta las particularidades que rodean esta pandemia¨. Pese a ello, los planes concretos que prevee el decreto no son muchos, si exceptuamos que se prevee crear la "Comisión Nacional de lucha contra el SIDA", que, en lugar de estar compuesta por especialistas en el tema de la lucha contar el SIDA, estará presidida por "el Jefe de Estado y compuesta por miembros del Gobierno, del Parlamento, de la Justicia, de la sociedad civil y de congregaciones religiosas". La última organización sanitaria que prestó su ayuda a Guinea Ecuatorial fue Médicos Sin Fronteras, que tuvo que abandonar el país en 1999 debido a "imposibilidad de ofrecer una asistencia digna a la población guineana, a causa de las constantes trabas impuestas por el Gobierno a su acción". Tras el cierre definitivo de sus proyectos, MSF inició una campaña de testimonio con el objetivo de presionar a los organismos internacionales "y en particular al Gobierno español" para que los programas de cooperación oficiales se condicionen al respeto de los derechos humanos y libertades básicas de una población que, en la actualidad, sigue sufriendo las consecuencias directas de la corrupción del régimen. Un buen ejemplo de esas consecuencias se intentan paliar ahora con este programa de "urgencia" contra el SIDA, dirigido por el propio jefe de estado.
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