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afrol.com, 01.09.2000 - «El secuestro y reclutamiento forzado de menores en Sierra Leona debe cesar, y los responsables deben ser puestos a disposición de la justicia», dice Amnistía Internacional en el informe que la organización publicó ayer. Según publica AI, más de 5.000 menores han formado parte del conflicto que se vive en el país desde 1991. Han sido reclutados contra su voluntad, tanto por las fuerzas de la oposición como por las aliadas al gobierno. La mayoría de los niños que luchan en el bando de las fuerzas rebeldes han sido secuestrados y obligados a combatir. Muchos han pasado a su vez a perpetrar abusos contra los derechos humanos, dando muerte y cometiendo mutilaciones bajo la influencia de las drogas y el alcohol, o simplemente empujados por el miedo. Un número similar de niños de ambos sexos han sido utilizados también por las fuerzas rebeldes para transportar pertrechos y para cocinar. Las niñas han sido violadas y sometidas a esclavitud sexual. «La infancia es una de las grandes pérdidas de este largo y brutal conflicto», explica la organización de derechos humanos. «Los niños que han participado en el combate quizá ya no puedan recobrar la infancia perdida pero sus vidas pueden recuperar la normalidad perdida si se toman medidas de inmediato.» Desde el 7 de julio de 1999, fecha en la que el gobierno de Sierra Leona y el Frente Revolucionario Unido, (la oposición armada), firmaron un acuerdo de paz en Lomé, la capital togolesa, tanto las Naciones Unidas como las organizaciones no gubernamentales han hecho esfuerzos para desarmar y desmovilizar a los niños soldados. Sin embargo, la situación política y de seguridad en Sierra Leona experimentó un deterioro en mayo del 2000 y se suspendieron estos programas. Tanto las fuerzas aliadas al gobierno como los rebeldes han seguido reclutando a niños como soldados. Según los informes, las fuerzas rebeldes del Frente Revolucionario Unido, que controlan partes del norte y este del país, han reclutado de nuevo por la fuerza a menores en el distrito de Kambia y en otras áreas de la Provincia del Norte. El Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, aliado del gobierno, ha vuelto a alistar a niños que ya habían sido desarmados y desmovilizados como combatientes. Y se alega que las Fuerzas de Defensa Civil, milicianos civiles aliados del gobierno en las comunidades de cazadores tradicionales como los kamajors (cazadores del grupo étnico mende), continúan reclutando a menores, especialmente en los distritos de Bo y Moyamba, en la Provincia del Sur. En marzo, junio y julio del 2000, la delegación enviada por Amnistía Internacional a Sierra Leona obtuvo testimonios gráficos de niños que habían combatido con el Frente Revolucionario Unido, con el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas y con las Fuerzas de Defensa Civil. Muchos de estos niños contaban que ingerían alcohol y drogas antes del combate. Algunos niños han admitido que, a menudo bajo la influencia de grandes dosis de cocaína, se comportaban con extraordinaria brutalidad, como también han documentado los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Sayo, por ejemplo (no es su nombre verdadero), que hoy tiene 14 años y que fue secuestrado por el Consejo Revolucionario en 1998 en Makali, distrito de Tonkili, contó a Amnistía Internacional: «Cuando voy al frente, fumo mucho. Así es como se me va el miedo a todo. Cuando te niegas a tomar drogas, lo llaman sabotaje técnico y te matan». El reclutamiento de niños menores de 15 años como soldados está prohibido tanto por el derecho internacional de los derechos humanos como por el derecho internacional humanitario. Viola los derechos consagrados por la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por las Naciones Unidas en 1989 y que Sierra Leona ratificó en 1990. El tráfico de armas ligeras y de pequeño calibre también facilita y fomenta el uso de niños como soldados. Las armas y munición que llegan a manos de las fuerzas rebeldes caen inevitablemente en manos de los niños secuestrados y reclutados a la fuerza por ellas. Amnistía Internacional pide que cese toda la ayuda militar a las fuerzas rebeldes de Sierra Leona, incluida la provisión de armas, munición, combatientes y entrenamiento. También deben ponerse en funcionamiento mecanismos efectivos para vigilar la distribución de armas y munición al gobierno de Sierra Leona, a fin de asegurar que no pasan a manos de combatientes menores de 18 años. Muy particularmente, el presidente Ahmad Tejan Kabbah debe cumplir su promesa de que las armas y munición proporcionadas por el gobierno británico no serán usadas por soldados menores de edad, así como garantizar que las fuerzas gubernamentales dejan de reclutar y utilizar a niños como soldados. El informe de Amnistía Internacional hace recomendaciones específicas a todos los grupos involucrados en el reclutamiento y uso de niños como soldados en Sierra Leona, así como a la comunidad internacional. Entre estas recomendaciones, la organización pide la puesta en libertad de forma inmediata de todos los niños que se encuentran en poder del Frente Revolucionario Unido y que cese el reclutamiento y auso de niños por las fuerzas de la oposición. Las agencias de protección de los niños que vigilan el proceso de desarme y desmovilización deben disponer de acceso sin obstáculos a los niños que no han sido aún liberados. Se precisa que el gobierno de Sierra Leona actúe sin dilación para dar seguimiento a sus reiteradas promesas de desmovilizar a todos los combatientes menores de 18 años, y hacer esta edad la mínima para el reclutamiento. La comunidad internacional debe proporcionar asimismo un apoyo total y sostenido que permita satisfacer las necesidades sociales, psicológicas y materiales de los niños soldados desmovilizados. Por último, todos los responsables de estas graves violaciones de los derechos humanos internacionales y del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, como son el secuestro y reclutamiento forzados de menores, deben ser puestos a disposición de la justicia. La comunidad internacional debe proporcionar los conocimientos especializados y la ayuda práctica necesarios para establecer el tribunal especial independiente para Sierra Leona en cumplimiento de la Resolución 1315 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 14 de agosto del 2000, siempre que se cumplan los estrictos criterios internacionales de justicia procesal y excluya la posibilidad de imponer la pena de muerte. «Independientemente de cuál sea su actual situación o filiación políticas, es necesario que se haga rendir cuentas de sus actos a todos aquéllos que en el pasado han secuestrado a niños y los han forzado a cometer muchas de las mayores atrocidades de este terrible conflicto», añade Amnistía Internacional.
Fuente: Amnistía Internacional
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