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Informe
de la ONU sobre Derechos Humanos 2000 - Guinea Ecuatorial 2
Febrero 2000
| Autor: Sir Nigel Rodley,
(NACIONES UNIDAS - Consejo Económico y Social) |
| Fecha: 02.02.200 |
| Título: Informe presentado por el Relator Especial, Sir Nigel Rodley, en cumplimiento de la resolución 1999/32 de la Comisión de Derechos Humanos |
| Referencia interna:
E/CN.4/2000/9 |
| Idiomas originales:
Inglés/Francés/Español. |
| Tema:
Sir Nigel Rodley presenta su informe anual ante la Comisión de Derechso
Humanos de la ONU, en el que se denuncian las violaciones a los derechos
humanos en todo el mundo. El siguiente texto corresponde a las páginas 88-92,
donde se describe la situación en Guinea Ecuatorial. |
| Fuente: Comisión de
Derechos Humanos de la ONU |
NACIONES UNIDAS - Consejo Económico y Social
ref.: E/CN.4/2000/9
2 de febrero de 2000
Idiomas originales: INGLÉS/FRANCÉS/ESPAÑOL
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Título: Informe presentado por el Relator Especial, Sir Nigel Rodley, en cumplimiento de la resolución 1999/32 de la Comisión de Derechos Humanos
páginas 88-92
Guinea Ecuatorial
Comunicaciones ordinarias y respuestas recibidas 401. En carta de fecha 30 de noviembre de 1999 enviada conjuntamente con el Representante Especial sobre la situación de derechos humanos en Guinea Ecuatorial, el Relator Especial comunicó al Gobierno que había recibido información segun la cual, tras los hechos del 21 de enero de 1998, tres soldados y muchos civiles habrían sido asasinados y aproximadamente 500 personas habrían sido detenidas en los meses de enero y febrero de 1998.
402. Las autoridades habrían acusado al Movimiento para la Auto-determinación de la Isla de Bioko (MAIB), de ser responsable de los ataques a los cuarteles militares. La mayoría de los detenidos, incluyendo mujeres, habrían sido arrestados debido a su pertenencia a la etnia Bubi. De acuerdo a la información, ciudadanos de esta etnia habrían sido torturados por las fuerzas de seguridad,
recibiendo patadas y golpes con rifles. Al menos seis personas habrían muerto como resultado de estos hechos. Muchas mujeres habrían sido violadas, particularmente en Malabo y en otros pueblos Bubi. Algunos alegan que sus orejas habrían sido cercenadas con navajas o
bayonetas.
Durante el juicio de mayo de 1998, por lo menos 10 defensores, entre ellos Fernando Riloha, habrían sido vistos con sus orejas cercenadas. En una barrera situada en Sampaca, muchos Bubis habrían sido forzados a salir de los taxis y transportes públicos para luego ser golpeados por las fuerzas de seguridad. Líderes Bubi, en Rebola, habrían sido detenidos bajo sospecha de esconder a los rebeldes o de servirles como salvoconducto. La policía de Malabo habría mantenido a estos detenidos incomunicados durante algunas semanas utilizando principalmente la tortura como
medio para obtener confesiones. Los detenidos habrían sido trasladados a un cuarto especial de la comisaría de Malabo donde se les habría
torturados.
Se comunicó que durante el interrogatorio, los detenidos habrían sido sometidos a varias formas de torturas, barras de metal habrían sido pasadas entre sus brazos y piernas. Otros, en cambio, habrían sido atados de pies y manos y posteriormente colgados del techo, ante la mirada nidiferente de las fuerzas de
seguridad.
403. El 25 de enero de 1998, en Malabo, la población Bubi habría recibido el más violento ataque. Cuando el Primer Ministro, Ángel Serafín Dougan Seriche, de orígen Bubi, convocó una manifestación con el fin de mostrar que los Bubis eran leales a las autoridades, miles de éstos habrían sido obligados a participar en ella. Aquellos que no participasen, habrían sido amenazados con ser considerados cómplices de los rebeldes. Durante la manifestación, civiles de la etnia Fang próximos al gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad habrían maltratado e
insultado a los manifestantes.
La noche siguiente, los Bubis habrían sido atacados dentro de sus domicilios por civiles de la etnia Fang y miembros de la fuerza pública. De acuerdo a la información, algunas mujeres habrían sido violadas frente a sus propios maridos. Las fuerzas de seguridad no habrían intervenido, y en numerosas ocasiones habrían sido ellos mismos los
agresores.
404. Durante los meses de detención incomunicada las condiciones fueron muy severas. Recipientes que contenían orina habrían sido arrojados dentro de las superpobladas celdas; a los detenidos no se les habría permitido ir al baño y se habrían visto obligados a evacuar en las celdas.Durante el traslado desde la comisaría de policía de Malabo a la prisión de Black Beach, habrían estados
obligados a viajar acostados en un camión, en grupos de cinco, uno sobre el otro, sobre los cuales se habrían sentado los policías. Al llegar a la prisión, los detenidos no habrían tenido acceso a ningún tipo de tratamiento
médico.
Durante los primeros días del mes de julio, Milagrosa Cheba, habría sido finalmente enviada al hospital ya que sufría de malaria. Sin embargo se le habría trasladado de nuevo a la cárcel antes de su recuperación. César Copoburu, quien fue sentenciado a 26 años de prisión, habría sido eventualmente trasladado al hospital a mediados de julio después de haberse quejado de dolores
abdominales durante más de una semana. Habría sido operado y enviado rápidamente a la cárcel a pesar de las pésimas condiciones higiénicas allí
imperantes.
Martin Puye, habría muerto en el hospital el 14 de julio de 1998, dos semanas después de haber sido trasladado de la prisión de Black Beach. Aparentemente sufría de hepatitis desde hacía mucho tiempo, pero las autoridades se habrían negado a trasladarlo al hospital a su debido tiempo para permitir su
curación.
405. Durante el juicio del mes de mayo de 1998 la corte habría aceptado declaraciones obtenidas mediante tortura sin abrir investigaciones sobre dichas alegaciones. Al menos 14 individuos habrían declarado durante el juicio que habían sido torturados. En un caso, el procurador habría admitido que la víctima había sido torturada: "vemos que la policía lo ha torturado, lo admitimos, pero Usted firmó una declaración delante del magistrado". Los diferentes llamamientos
para abrir investigaciones sobre los casos de violaciones de derechos humanos y de muerte durante la detención antes del proceso, habrían permanecidos
desatendidos.
406. En particular, el Relator Especial y el Representante Especial han recibido información sobre los diferentes
casos.
407. Lino Losoha, miembro del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), habría sido detenido por ser el líder de la comunidad de vecinos, de Rebola. Se le habría dicho que se sospechaba que él sabía donde se escondían los fugitivos. Las fuerzas de seguridad le habrían llevado a un puesto militar en la entrada del pueblo, donde habrían procedido a quemarle sus testículos, vientre y pecho con un encendedor. Le habrían dado una multa, luego del pago de la misma habría sido puesto en
libertad.
408. Victor Bubayan, un maestro perteneciente a la comunidad Bubi, habría sido arrestado el 21 de enero de 1998 en la escuela en la que trabajaba, por ser el cuñado de César Copoburu, considerado uno de los líderes del ataque. Habría sido maltratado frente a sus estudiantes y golpeado con cables eléctricos. Su familia no tuvo noticias de él por algunos días. Habría sido detenido en una estación de policía sin habérsele tomado ningún tipo de declaración. Finalmente, se lo dejó
en libertad, sin ningún cargo, el 11 de febrero de 1998.
409. Pastor Bienvenido Samba Bomedoro, sacerdote protestante, a quien se lo consideraría un líder de los ataques del 21 de enero habría sido severamente golpeado. Habría sido atado y golpeado en la nuca con un látigo, y amenazado con ser la próxima víctima en la estación de
policía.
410. Gregorio Pancho Borapa, alcalde de Rebola, durante el juicio al que fue sometido, con dificultad habría logrado murmurar unas palabras, y cuando el procurador le pidió que hablara en voz más alta, declaró "No puedo porque me rompieron la mandíbula cuando me
torturaban".
411. David Nuachuku, Nigeriano, lo habrían mantenido esposado durante 52 días en la comisaría de policía de Malabo. Después de atar sus brazos y sus piernas juntas a la espalda, con cables eléctricos, lo habrían golpeado hasta perder la
conciencia.
412. César Copoburu, se lo habría forzado a confesar que él fuera uno de, los aproximadamente 30 personas involucradas en el ataque del 21 de enero a los campamentos militares. Su confesión habría sido obtenida mediante tortura. Se reportó que tendría huesos rotos en sus extremidades inferiores, y no habría recibido ningún tipo de
tratamiento.
413. Milagrosa Cheba, secretaria de un sindicato agrícola cuyo director sería el líder de los ataques, habría sido severamente torturada. De acuerdo a la información recibida, habría sido forzada a permanecer arrodillada durante muchas horas para después golpearla en la cabeza. Habría sido la única mujer convicta bajo la base de confesión obtenida mediante tortura y fue entenciada a 6 años de
cárcel.
414. Domiciana Bisobe Robe se la habría arrestada por estar vinculada sentimentalmente a uno de los líderes de los ataques a los campamentos militares. Habría acudido en reiteradas ocasiones a altas horas de la noche a la estación de policía de Malabo para ser interrogada. Allí la habrían desvestido, para después golpearla y tocar sus pechos, pero no habría sido
violada.
415. Francisca Bisoco Biné, esposa de Robustiano Capote Sopole quien fue sentenciado a 26 años de cárcel en junio de 1996, tuvo un aborto a raiz de los golpes recibidos. Las fuerzas de seguridad la habrían arrestada el 23 de enero en su domicilio en Sampaca en ausencia de su esposo. A pesar de su embarazo la habrían golpeado con un látigo y la habrían detenido en la estación de policía
de Malabo durante cinco días, para luego dar a luz un niño muerto.
416. Bessy, uno de los nigerianos sospechosos de entrenar a los atacantes habría sido golpeado severamente todas las noches, especialmente en las plantas de los pies. Una de la piernas estaba completamente infectada y sus pies estaban hinchados. El 24 de enero, algunos de los prisioneros habrían pedido a los guardias que lo sacasen de la celda pues podría infectar a todos; a lo que el policía habría contestado "de todas maneras vamos a matarlos a todos". Poco tiempo después un médico militar habría llegado junto al Ministro de Salud, los que habrían constatado que Bessy había
muerto.
417. Idelfonso Borupu. Lo habrían arrestado en Basakato por haber dado tratamiento a uno de los atacantes heridos, luego lo habrían trasladado a la estación de policía de Malabo en precarias condiciones de salud. Una vez en el lugar, lo habrían dejado a la intemperie, donde lo habrían golpeado y más tarde
moriría.
418. Irineo Barbosa Elobé habría muerto en un hospital el 1º de marzo de 1998. Se reportó que mostraba señales de desequilibrio mental como resultado de las torturas a las que habría sido
sometido.
419. Carmelo Yeck Bohopo habría muerto en un hospital. Lo habrían arrestado en Malabo el 6 de febrero de 1998, cuando salía de la iglesia. Lo habrían trasladado a la estación de policía donde habría sido golpeado severamente. Habría muerto el 9 de febrero de 1998. No se practicó una
autopsia.
420. Además el Relator Especial y Representante Especial recibieron información sobre los siguientes casos
individuales.
421. Teófilo Osam Mbomio, lo habrían arrestado el 30 de mayo de 1998, en Añisok. Habría permanecido detenido durante una semana, durante la cual habría recibido 150 golpes en las plantas de los pies. Se alega que se habría negado públicamente a firmar una declaración jurada en la cual se afirmaba que formaba parte del partido del
Gobierno.
422. En septiembre de 1997, a miembros del partido político de la oposición, incluyendo 6 mujeres, se los reportaría detenidos en Akurenam, pues estarían preparando cantos para recibir a sus líderes. Las mujeres habrían sido desvestidas y golpeadas. No se les habría sometido a un juicio, pero habrían sido obligados a pagar multas muy elevadas para conseguir su
libertad.
Llamamientos urgentes y respuestas recibidas
423. El 17 de marzo de 1999 el Relator Especial envió un llamamiento urgente en nombre de Teótimo Mbo Edó, Fidel Abesó, Marcos Esimi, Felix Ngomo, Juan Miquibi, Francisco Nguema, Gaspar Nculu, Luis Mba Bayeme, Juan Ebuna, Manuel Nzo, Zacharías Esimi y Santiagi Ndong, quienes permanecerían en situación de detención incomunicada desde el 7 de marzo de 1999 en Nsok Nsomo, en el Este de
Guinea Ecuatorial. En el momento de su detención, estas personas estarían actuando como observadores electorales para sus respectivos partidos políticos, Unión Popular y Convergencia para la Democracia Social, durante las elecciones legislativas realizadas ese día y actualmente concluidas. En el transcurso del proceso electoral, se habrían dado casos de malos tratos físicos y golpes a personas si refusaban votar al partido gobernante, así como detenciones y desalojos forzosos en orden a evitar la presencia de opositores políticos o su
votación.
424. Mediante carta de fecha el 28 de mayo de 1999, el Gobierno respondió a este llamamiento urgente. Con respecto a las informaciones sobre torturas durante las elecciones legislativas del 7 de marzo a observadores electorales de los partidos políticos Unión Popular y Convergencia para la Democracia Social y a personas que refutaban votar al partido gubernamental, el Gobierno indicó que se trata de falsas denuncias. También informó que pertenecer a un partido político o ejercer el derecho a voto no es un delito ni algo perjudicial para el país. Como prueba, el Gobierno señaló que en las elecciones participaron observadores independientes de la OUA, del grupo de los países ACP Francofonía, de diversas organizaciones no-gubernamentales, de los Estados Unidos y otros, y todos coincidieron en la perfecta organización de las elecciones, sin señalarse ningún
incidente.
425. El 28 de octubre de 1999, el Relator Especial conjuntamente con el Representante Especial sobre la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial envió un llamamiento urgente en nombre de Emilio Ribas Esada, Gregorio Bomuagasi, Milagrosa Cheba y Alehandro Mbe Bita Rope, reclusos en la prisión de Malabo. Los reclusos anteriormente citados habrían solicitado
asistencia médica debido a las dolencias que sufrían. Sin embargo, dicha asistencia médica no habría sido procurada hasta el momento. Se informa que Gregorio Pancho Borapa no habría recibido tratamiento médico a pesar de sufrir una fractura de mandíbula, provocada, según afirma la fuente, por un miembro de la policía en el momento del arresto en enero de 1998.
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