Autor: Amnistía Internacional

Fecha: 20.03.2000

Título: Guinea Ecuatorial: presos de etnia bubi afrontan un futuro incierto tras su traslado a prisión

Fuente: Amnistía Internacional

FECHA DE EMBARGO: 20 DE MARZO DEL 2000

Guinea Ecuatorial: Presos de etnia bubi afrontan un futuro incierto tras su traslado de prisión

El traslado a un destino desconocido de alrededor de 50 presos de etnia bubi desde la capital de Guinea Ecuatorial, Malabo, probablemente pondrá aú n más en peligro su integridad física y mental, que en algunos casos ya es crítica, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

Los reclusos, entre los cuales hay numerosos presos de conciencia -que fueron detenidos a principios de 1998 y condenados a prisión en mayo del mismo año, en un juicio militar injusto, por su presunta implicación en ataques contra varios cuarteles del ejército-, fueron trasladados en barco, el 3 de marzo del 2000, desde la prisión de Malabo donde estaban internos, en la isla de Bioko, a la región continental del país. No se ha recibido aún confirmación oficial de su paradero, pero hay informes que indican que algunos testigos los han visto en la prisión de Evinayong, a unos 500 kilómetros al este de Malabo.

"Muchas de las madres, esposas y otros familiares de los presos están completamente desesperados ante los rumores que circulan sobre su paradero y su suerte", ha declarado Amnistía Internacional. 

Durante los dos años que han estado encarcelados en Malabo, muchos de los presos sufrieron graves problemas de salud y casi todos tenían lesiones derivadas de las brutales torturas que les fueron infligidas durante sus primeras semanas de detención. Los presos vivían en celdas en condiciones de enorme hacinamiento y se les negaba el tratamiento médico adecuado y alimentos suficientes. Muchos de ellos sólo sobrevivieron gracias a la ayuda de los familiares que les llevaban comida y medicinas.

"El traslado fuera de Malabo hace mucho más difícil que las familias lleven medicinas, comida y apoyo moral a los reclusos", afirmó Amnistía Internacional.

"Ocho presos ya han fallecido como consecuencia de la tortura y de la falta de asistencia médica. Esta cifra podría aumentar con rapidez si las autoridades no atienden con urgencia las necesidades médicas de los reclusos y les proporcionan alimentos suficientes", añadió la organización.

En concreto, Amnistía Internacional ha recibido información sobre varios presos cuyo estado es precario:

ÿGregorio Bomuagasi Oraca (de 57 años), tiene una mandíbula fracturada desde que se la rompió la polic ía, en el momento de su detención, en enero de 1998. Como consecuencia de ello, comenzó a perder los dientes. Finalmente, la víspera del traslado lo enviaron a un médico, pero su familia no tuvo tiempo para comprarle los medicamentos prescritos.

ÿEmilio Ribas (de 70 años) sufre una inflamación de los testículos provocada por la tortura. Después de permanecer meses sin recibir tratamiento médico adecuado, fue enviado al hospital para ser operado. Sin embargo, lo devolvieron a la prisión al cabo de dos semanas, pese a que el médico había dicho que necesitaba más tiempo para recuperarse. Como consecuencia, tuvo que volver al hospital poco después para seguir recibiendo tratamiento.


ÿLeoncio Kota Ripala tiene problemas de visión tras haber sido obligado a permanecer durante un año todo el día en una celda a oscuras, junto con unos diez presos más, que también fueron condenados a muerte en 1998. Las condenas fueron conmutadas por sendas penas de cadena perpetua, pero no se les permitió salir de sus celdas durante más que una hora al día. La familia de Leoncio Kota Ripala le llevó medicinas para la vista, pero el tratamiento no había finalizado aún cuando se produjo el traslado.

ÿLa joven Milagrosa Cheba fue brutalmente torturada en el momento de la detención. Ha sido enviada al hospital en varias ocasiones, pero en todas ellas la devolvieron a la prisión antes de que se recuperase del todo.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades que confirmen oficialmente el lugar donde están recluidos los presos bubis trasladados, y que tomen todas las medidas necesarias para garantizar que reciben alimentos y asistencia médica adecuados.

La organización ha reiterado también su petición al gobierno de que permita que los grupos de derechos humanos y las organizaciones humanitarias internacionales, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, tengan acceso a los presos.

Información general

En mayo de 1998, un tribunal militar juzgó a más de 110 personas acusadas de estar implicadas en ataques contra varios cuarteles del ejé rcito. El tribunal condenó a 15 de los encausados a muerte (a cuatro de ellos in absentia), y a unos 70 a penas de entre seis y 26 años de prisión. Al parecer, buena parte de los condenados, en su mayoría miembros del grupo étnico bubi, fueron detenidos sólo por su origen étnico. Muchos habían sido obligados a hacer declaraciones mediante tortura.

Una delegación de Amnistía Internacional que asistió al juicio observó que varios procesados mostraban señales de tortura. Al menos seis de ellos habían muerto a consecuencia de la tortura durante el periodo de prisión preventiva y otros dos fallecieron después del juicio de mayo de 1998. Tras la imposición de la condena, varios reclusos han caído enfermos como resultado de las penosas condiciones de reclusión. A la mayoría se le ha denegado asistencia médica. Uno de los presos, Martin Puye, de 58 años, dirigente del Movimiento para la Auto-determinació n de la Isla de Bioko (MAIB), murió en un hospital en julio de 1999, al parecer a consecuencia de los malos tratos y de la falta de asistencia médica adecuada. Otro recluso, Digno Sepa Tobachi, "Elako", falleció en octubre de 1999 como resultado de la tortura y de la falta de asistencia médica.

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