afrol News, 18 de Septiembre de 2003 - Hace dos años, las autoridades de Eritrea lanzaron enérgicas medidas contra la sociedad civil y todavía sigue habiendo miembros de la oposición y presos políticos en las cárceles. El gobierno todavía no ha dado respuesta alguna a las súplicas de los países donantes de la Unión Africana y de los grupos de derechos humanos para que se liberen a los prisioneros.

El 18 de septiembre de 2001, el gobierno de Eritrea arrestó a once líderes del partido en el poder, el Frente del Pueblo para la Democracia y la Justicia (PFDJ), después de que estos enviasen una carta al Presidente Issayas Afewerki en la que se pedían reformas democráticas, incluyendo la puesta en práctica de la constitución de 1997.

En mayo de 2001, 15 miembros del PFDJ escribieron una carta abierta a todos los miembros del partido en la que criticaban al gobierno por actuar en una manera "ilegal e inconstitucional". La carta también hacía un llamamiento para "una transición pacífica, legal y democrática hacia un gobierno verdaderamente constitucional". Además, criticaban el hecho de que "el gobierno interino, que no iba a continuar más de cuatro años, ya había estado en el poder durante ocho años".

Como consecuencia, se produjo el arresto de editores, redactores y reporteros, además de ordenarse el cierre de todos los periódicos no gubernamentales. En los últimos dos años, el gobierno ha continuado con los arrestos de posibles disidentes o aquellos que han manifestado ideas políticas opuestas a las del gobierno.

El Presidente Afewerki se ha referido a los detenidos como "traidores" y "espías", aunque no se ha presentado ningún cargo contra ellos. La detención de una persona sin cargos, durante más de treinta días, es una violación de las leyes eritreas.

Las detenciones arbitrarias y la prolongación de las detenciones sin juicio alguno no se ha limitado a los políticos y a los periodistas. A finales de 2002, el gobierno detuvo a 250 refugiados que intentaban huir de Eritrea tras ser involuntariamente repatriados desde Malta. Los refugiados han sido mantenidos incomunicados desde entonces.

Las minorías religiosas están también siendo objeto de las persecuciones. Miembros de la Iglesias Cristianas de Pentecostés y de Testigos de Jehová son con frecuencia arrestados por sus creencias. El acceso a las prisiones para visitar a los detenidos ha sido denegado a distintas organizaciones internacionales de derechos humanos y al Comité Internacional de la Cruz Roja.

Eritrea sigue siendo un estado monopartidario. No se han mantenido elecciones nacionales desde que Eritrea consiguió su independencia de Etiopía en 1993. Las elecciones fueron canceladas en 1997 debido a una guerra fronteriza con Etiopía. Se cancelaron de nuevo en el 2001, dos años después de que la guerra terminase, y siguen sin estar programadas.

La detención en curso de los miembros del PFDJ, periodistas y refugiados, además de las violaciones que se siguen produciendo contra los derechos humanos más básicos en Eritrea, ha causado la protesta y la condena internacional.

Este año, la Unión Africana (UA) ha decidido vigilar estas violaciones de derechos humanos en Eritrea, después de haber pedido el pasado año al Presidente Afewerki la liberación de los presos políticos. También la Unión Europea (UE) ha condenado la débil situación de los derechos humanos en Eritrea y varios Estados miembros de la UE - Dinamarca en particular - ha recortado ya sustancialmente su ayuda a Eritrea después de haber dado "varias advertencias".

Grupos de derechos humanos y libertad de la prensa vienen protestando frecuentemente por el camino que está tomando el gobierno eritreo hacia un régimen dictatorial. Hoy, con ocasión del segundo aniversario de las fuertes medidas de opresión contra la sociedad civil, el grupo estadounidense de derechos humanos 'Human Rights Watch' ha impulsado de nuevo al gobierno "a liberar a los presos políticos y a permitir la libertad de la prensa".

- La población eritrea, que luchó con valentía por conseguir su libertad e independencia, merece que se respeten sus derechos humanos, ha denunciado Peter Takirambudde, de 'Human Rights Watch'. "Desafortunadamente, el gobierno continúa negándoles esa oportunidad", añade.

- El gobierno de Eritrea continúa negando las libertades más básicas a la población que le votó en 1997, explica Takirambudde, refiriéndose al referéndum sobre la independencia. "En un año en el que Eritrea está celebrando el décimo aniversario de su independencia, es muy desafortunado que también se esté conmemorando el segundo aniversario de la represión del gobierno".

Por staff writer

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