afrol News, 4 de Agosto de 2003 - Una insurrección, por parte de un grupo secesionista militar contra las fuerzas gubernamentales sacudió a Namibia en agosto de 1999. Cuatro años después, Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades namibias que juzguen sin demora a los 122 procesados en el juicio por traición o los pongan en libertad.

En un nuevo informe publicado hoy bajo el título 'Justice delayed is justice denied - The Caprivi treason trial' como recordatorio de los casi cuatro años de retraso del procedimiento judicial, Amnistía Internacional se centra en los 122 procesados de Namibia que están acusados de alta traición y asesinato, entre otros delitos, en relación con la insurrección secesionista de Caprivi de agosto de 1999. Los acusados llevan cerca de cuatro años bajo custodia en espera de la reanudación de su juicio, actualmente prevista para el 27 de octubre de 2003.

Amnistía Internacional denuncia que "cuando el juicio por traición se reanude en octubre, el derecho de los acusados a una vista judicial con las debidas garantías podría verse gravemente coartado".

Tal y como indica en su informe la organización, los acusados vieron conculcados sus derechos en las etapas preliminares del proceso tras su detención. La mayoría fueron torturados y maltratados, y también sometidos a duras condiciones de reclusión. Además, fueron privados de acceso a familiares, abogados y asistencia médica durante un periodo aproximado de tres semanas.

Amnistía Internacional cree que al menos 70 acusados podrían ser presos de conciencia. Parece ser que algunos están detenidos exclusivamente por su apoyo —presunto o real y de carácter pacífico— a la oposición política de la región, por su identidad étnica o por su pertenencia a ciertas organizaciones.

- Dadas las denuncias generalizadas de tortura y malos tratos presuntamente infligidos por policías y miembros de las fuerzas de seguridad, resulta alarmante que las autoridades namibias no hayan informado públicamente sobre sus investigaciones en relación con estas denuncias. Los agentes sospechosos de cometer tales abusos no han sido procesados ni, como mínimo, suspendidos de sus puestos en espera de la conclusión de una investigación oficial, afirma Amnistía Internacional.

Tras un ataque armado perpetrado por el grupo secesionista Ejército de Liberación de Caprivi contra fuerzas gubernamentales y edificios oficiales el 2 de agosto de 1999 en la región de Caprivi, en el noreste de Namibia, el gobierno declaró el Estado de Excepción y detuvo a más de 300 personas como sospechosas de participar en el ataque, simpatizar con los secesionistas o colaborar con ellos para planificar o ejecutar los ataques. De las personas detenidas tras la sublevación, unas 122 llevan cerca de cuatro años bajo custodia en espera de que se reanude su juicio por los cargos de alta traición, asesinato y otros delitos relacionados con el levantamiento.

Por staff writer

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