afrol News, 7 de Mayo de 2004 - El Tribunal Penal de Bengasi, Libia, ha condenado el jueves a morir fusilados a seis profesionales médicos extranjeros, cinco de nacionalidad búlgara y uno palestino, por haber infectado supuestamente de sida a 426 niños en este país. Las reacciones internacionales condenan la medida, exigiendo a Libia que anule la pena de muerte.

Los condenados son cinco médicos búlgaros –Kristiana Malinova Valcheva, Nasya Stojcheva Nenova, Valentina Manolova Siropulo, Valya Georgieva Chervenyashka y Snezhanka Ivanova Dimitrova– y un médico palestino –Ashraf Ahmad Jum'a–. Los seis profesionales habían sido acusados de infectar deliberadamente con el VIH a 426 niños cuando trabajaban en el hospital infantil de Al Fateh de Bengasi.

Un sexto acusado búlgaro, Zdravko Marinov Georgiev, ha sido condenado a cuatro años de prisión, mientras que en el mismo juicio han resultado absueltos nueve médicos libios.

Tanto la Unión Europea como organizaciones internacionales han mostrado en las últimas horas su repulsa ante la medida, exigiendo a las autoridades judiciales libias que anulen la pena de muerte en este país norteafricano.

Una de las organizaciones que se ha mostrado más crítica ante la medida es Amnistía Internacional (AI). Delegados de AI visitaron Libia en febrero de 2004 a los acusados, quienes reconocieron que habían sido torturados para obligarlos a firmar confesiones, de las que posteriormente se retractaron alegando que las habían hecho bajo coacción.

Dijeron que los habían sometido a métodos de tortura como aplicarles reiteradamente descargas eléctricas, colgarlos de los brazos, vendarlos los ojos y amenazarlos con lanzar contra ellos a perros furiosos, y golpearlos, incluso con la técnica conocida como falaqa (golpes en las plantas de los pies) y con cables eléctricos. No está claro todavía si han sido condenados sobre la base de estas "confesiones" o por otras pruebas.

"Amnistía Internacional recuerda a las autoridades libias que las pruebas obtenidas con torturas no pueden presentarse como tales en un proceso judicial", ha señalado la organización, recordando que estas personas tienen derecho a apelar contra su condena ante el Tribunal Supremo. Si se confirma la pena de muerte, no puede ser ejecutada sin el consentimiento del máximo órgano judicial del país, el Consejo Supremo de Órganos Judiciales.

En la vista de ayer, el tribunal se ha declarado incompetente para ver su causa. No se sabe si serán juzgados ante otro tribunal o si no se verán los cargos que les imputan ante un tribunal de justicia.

Por staff writer

© afrol News

Páginas relacionadas y Especiales

Noticias destacadas en afrol News