afrol News, 8 de Junio de 2004 - Las empresas proveedoras de servicios de Internet en Zimbabwe han sido obligadas a espiar a sus clientes, incluyendo la supervisión de "supuesto contenido ilegal" en sus correos electrónicos. Además de crear una herramienta nueva de censura, este medida supone "una carga imposible de llevar" para los suministradores de Internet, sostiene la industria nacional.

La empresa estatal TelOne, que detenta el monopolio de las telecomunicaciones en Zimbabwe, ha pedido a los proveedores de acceso a Internet que firmen un contrato que, entre otras medidas, se refiere al control y vigilancia de las comunicaciones en la red.

El texto pide a las empresas proveedoras que "adopten las medidas necesarias" para impedir la difusión de contenidos ilegales en la red. La imprecisión de los términos empleados en el contrato, así como el contexto político del país, en el que se burla constantemente la libertad de expresión, hacen temer un reforzamiento del control de la Red, por parte del gobierno.

Los contratos estipulan que los proveedores de Internet deben asegurar de que no se permite material "desagradable, obsceno, desautorizado" o el resto del material que vaya en contra de las leyes de copyright, los derechos de tipo intelectual o la legislación local e internacional referente al uso de contenidos en Internet.

El contrato establece que los FAI "deben adoptar todas las medidas necesarias para impedir que se difundan por la Red los mensajes reprensibles, obscenos y no autorizados (S), que infringen las leyes de Zimbabue".

Para ello, se pide a los proveedores que vigilen la totalidad del tráfico por Internet, especialmente los e-mails, para encontrar los contenidos ilegales.

A continuación, el texto indica que los proveedores deberán permitir a TelOne, y al gobierno, conocer el origen de los mensajes perjudiciales. Este procedimiento, justificado a veces en el marco de investigaciones judiciales, debe estar controlado muy estrictamente, para evitar que se trasgreda el principio de confidencialidad de la correspondencia privada.

Mientras la industria local ya ha manifestado su pesar ante esta medida, distintas organizaciones internacionales ya han mostrado sus críticas ante esta medida.

"Por una parte, una vigilancia así resulta técnicamente imposible, y por tanto hace pesar sobre los proveedores una responsabilidad que no pueden asumir. Por otra, se pide a los prestatarios técnicos del Net que juzguen ellos mismos acerca de la legalidad de los mensajes que transmiten, sin control judicial. Sin embargo, censurar la Red debería ser prerrogativa exclusiva de los jueces" ha denunciado por su parte Reporteros sin Fronteras (RSF), dedicada a la lucha por la libertad de prensa.

Por staff writers

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