afrol News, 9 de Septiembre de 2004 - El ministro caboverdiano de Finanzas y Planificación, João Pinto Serra, promete en una carta oficial al Fondo Monetario Internacional (FMI) la voluntad de su gobierno de "acelerar la agenda estructural de reformas durante el resto de 2004". Esto, en concreto, afectará a los sectores de energía, agua, telecomunicaciones, transportes, industrias pesqueras y transporte marítimo.

Así se desprende a través de una 'carta de intenciones' enviada por el Ministro Serra al FMI el 23 de julio y hecha accesible al público el miércoles. El gobierno de Cabo Verde, en la carta y en un memorando adjuntado sobre las políticas económicas y financieras (MEFP) promete al FMI cumplir los ya iniciados programas de reforma económica. En concreto, el proceso de privatización debe acelerarse, según el ministro.

Según el memorando del ministerio, la agenda de reformas estructurales del gobierno de Cabo Verde había sido "sujeto de algún retraso, pero hemos tomado recientemente acciones para acelerar su puesta en práctica en las áreas de la regulación y privatización económicas". La privatización es un factor dominante en las reformas estructurales exigidas por el FMI.

Para alcanzar estos objetivos de reforma económica, el gobierno de Praia estableció el pasado mes de febrero la Agencia de Regulación Económica (ARE). ARE, según el ministro Serra, "es responsable de la regulación económica en energía, agua, telecomunicaciones y transporte urbano y marítimo". Todos estos sectores han experimentado recientemente dolorosos procesos de privatización que conllevaron altas subidas de los precios para los consumidores caboverdianos.

La Unidad de Coordinación de las Privatizaciones, dependiente del ministerio de Finanzas, había firmado un memorando de entendimiento con ARE sobre la financiación del proyecto.

Una de las primeras tareas de la nueva agencia será la revisión de la política de tasación de las compañías recientemente privatizadas, que deben establecerse comercialmente. El gobierno está preparando "un mecanismo de ajuste automático de tarifas para la electricidad y el agua" con la ayuda técnica y financiera del Banco Mundial, ha anunciado el ministro.

También la aerolínea nacional, TACV, va a ver aceleradas las reformas durante el resto del año. Las reformas completadas de TACV "habían dado ya lugar a una reducción de pérdidas en 2003", según el ministerio de Finanzas. Todos los subsidios para la aerolínea han sido permanentemente cancelados. El gobierno de Praia aprobó recientemente los términos necesarios para situar a la compañía bajo una gerencia privada para reestructurarla y prepararla para la privatización.

Interbase -la empresa gubernamental establecida en 1987 y dedicada a la congelación de pescado- fue puesta a la venta en diciembre de 2003. La compañía, basada en Mindelo, es uno de los patrones principales en la isla de São Vicente. Las ofertas técnicas y financieras de licitadores cualificados se recibieron en mayo, y "el gobierno espera concluir las negociaciones del contrato en agosto", reza el documento. Desde entonces, no se ha hecho ninguna declaración por parte del gobierno sobre el resultado de este intento de privatización.

También la compañía de transporte marítimo entre las islas del archipiélago, Arca Verde, debe ser privatizada, tal y como el gobierno caboverdiano lo prometió al FMI a principios de 2001.

El transporte marítimo y el sector portuario en Cabo Verde, de este modo, quedarán en su totalidad en manos privadas. Según el ministro Serra, "el astillero CABNAVE y el operador portuario ENAPOR están siendo preparados para ser privatizados en 2005, momento en el cual ARE estará lista para asumir sus funciones reguladoras en el sector del transporte marítimo". La privatización de CABNAVE y ENAPOR iba a ser originalmente autorizada a finales de noviembre 1999, según anteriores promesas de Cabo Verde al FMI.

El principal énfasis en las privatizaciones que mantienen FMI y gobierno de Cabo Verde en los últimos años ha creado poca controversia entre los partidos políticos de las islas. Consumidores, sindicatos y otros grupos de la sociedad civil, sin embargo, han protestado enérgicamente ante los efectos de la privatización, en concreto ante las subidas de precios referentes a agua, electricidad y transporte local.

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