afrol News, 21 de Octubre de 2004 - Grupos de defensa de los derechos humanos han acusado hoy a las autoridades marroquíes de estar minando sus recientes progresos en materia de derechos humanos a través de las enérgicas medidas adoptadas en los últimos tiempos contra supuestos militantes islámicos. Los más de 2.000 supuestos militantes encarcelados en el país no pueden contar con procesos judiciales justos y muchos han sido objeto de tortura durante los interrogatorios para obtener sus confesiones.

Después de los ataques suicidas en Casablanca el 16 de mayo del pasado año, las autoridades marroquíes adoptaron una arrebatadora legislación para luchar contra el terror y arrestaron a más de 2.000 supuestos militantes, siendo muchos de ellos víctimas de amenazas y abusos. Los sospechosos han estado incomunicados durante prolongados periodos de tiempo y han sido víctimas de otras violaciones de sus derechos jurídicos a un correcto proceso, según un informe dado hoy a conocer por el grupo estadounidense de derechos humanos Human Rights Watch.

"Los fiscales y jueces demuestran poco interés en cómo la policía obtuvo las declaraciones de los detenidos", comenta Sarah Leah Whitson, de Human Rights Watch. "El tratamiento recibido demuestra que los avances de los derechos humanos en Marruecos han sido evitados en gran parte en los tribunales".

El informe de 70 páginas ofrece entrevistas con los abogados y familiares de los presos marroquíes en las que se denuncia que los detenidos habían sido víctimas de abusos físicos y mentales, y en algunos casos de tortura, para extraerles confesiones o inducirles a que firmasen declaraciones que no habían hecho. Muchos han sido mantenidos incomunicados por la policía durante más tiempo del permitido legalmente y sin tener acceso a su defensa.

Human Rights Watch va mucho más lejos en su informe al confirmar la existencia de un centro secreto en Temara, un recinto situado justo al sur de Rabat en la carretera a Casablanca. Al menos cuatro de los detenidos habían contado al grupo detalles sobre su estancia en el centro, funcionamiento por DST, una agencia de inteligencia nacional que no tiene competencia jurídica para arrestar, detener o interrogar a sospechosos criminales. Las autoridades marroquíes han negado la existencia de un centro de detención gestionado por DST.

Abdelghani Ben Taous, de 45 años y profesor en estudios islámicos, fue arrestado el 10 de junio de 2003 y llevado a Temara, según la información dada a Human Rights Watch por su hermana y su abogado. Durante el juicio, Ben Taous dijo que había firmado una confesión bajo tortura, testificando que habían abusado sexualmente de él durante los interrogatorios policiales.

El abogado de Ben Taous dijo a Human Rights Watch que en el registro policial se cita como fecha de detención de su cliente el 23 de de junio -y no el 10 de junio- "para así encubrir el largo e ilegal período durante el que lo mantuvieron detenido en Temara". Allí, el detenido "soportó golpes con un palo, descargas eléctricas, bofetadas en la cara, encadenamiento, intimidación, humillación verbal y se le privó de dormir".

Principalmente, fueron los últimos cambios legales que se hicieron rápidamente tras los ataques en Casablanca los que han hecho posibles estas violaciones de derechos humanos contra Ben Taous y otros detenidos, según Human Rights Watch. La legislación actual de la guerra contra el terrorismo en Marruecos "erosiona la protección de derechos". Por ejemplo, la legislación extiende a 12 días el tiempo que la policía puede retener a un sospechoso terrorista antes de que le lleven ante un juez, y a 10 días el tiempo que éste puede estar detenido sin antes consultar con un abogado.

"La legislación además introduce una dramática definición de ofensas 'terroristas', para las cuales se aplican las penas más crueles, denuncia Human Rights Watch. El grupo recomendó a los tribunales marroquíes que mantengan su necesario papel como guardianes vigilantes ante estos abusos rechazando la evidencia de la tortura, la coerción y otras serias violaciones, castigando a los responsables de estos abusos.

El informe también examina uno de los positivos progresos de los derechos humanos en Marruecos, como es el establecimiento de una comisión para documentar y proporcionar una remuneración para los graves abusos que el estado ha perpetrado contra disidentes y otros bajo el poder del padre del Rey, Hassan II.

A este respecto, el informe describe a la Comisión de la Igualdad y de la Reconciliación como "el esfuerzo más serio del mundo árabe para reconocer y tratar abusos pasados", aunque al mismo tiempo expresa su preocupación ante las limitaciones en el mandato y en los poderes de los que dispone dicha comisión. El grupo estadounidense ofrece recomendaciones para ayudar a la dirección de la comisión a trabajar de una manera más eficaz.

Por último, Human Rights Watch lanzó un llamamiento hoy a Estados Unidos y a la Unión Europea para integrar el respecto por los derechos humanos en su cooperación, cada vez mayor, en temas de seguridad, con Marruecos. El informe también insta a EEUU y países europeos a "no extraditar a Marruecos a sospechosos terroristas a menos que el gobierno proporcione garantías comprobables de que tales personas no serán sometidas a torturas o malos tratos".

"Los ataques suicidas de mayo de 2003 eran ataques despreciables contra civiles inocentes", dijo Whitson. "Pero a menos que las autoridades luchen contra la violencia extremista de una manera que sea consciente con su compromiso público de respeto a los derechos humanos, los derechos de todos los marroquíes están en peligro".

Por staff writers

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