afrol News, 9 de Noviembre de 2004 - En un nuevo informe sobre derechos humanos y petróleo en Nigeria, la organización Amnistía Internacional critica el papel del gobierno nigeriano y de las empresas petroleras envueltas en este país, de las que critica su política de responsabilidad corporativa, cuyos programas son insuficientes o no suelen cumplirse.

El gobierno de Nigeria, al no cumplir rigurosamente con su obligación de proteger los derechos humanos, está fomentando la violación de derechos civiles y políticos así como de derechos económicos, sociales y culturales en el proceso de exploración y producción de petróleo en el Delta del Níger, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe sobre Nigeria.

En este informe se examina de qué forma resultan conculcados los derechos humanos de individuos y comunidades como consecuencia tanto de las prácticas de algunas empresas transnacionales como de la inacción y las actuaciones del gobierno federal nigeriano en el Delta del Níger. También se relatan tres casos que ponen de relieve asuntos como los procesos de consulta excluyentes o el hecho de que no se limpien los derrames de petróleo, relacionados con las empresas Shell Petroleum Development Corporation (SPDC) y Nigerian Agip Oil Corporation (NAOC).

Los casos se refieren al derecho a buscar, obtener y difundir información, el derecho a un nivel de vida digno, el derecho a un entorno general satisfactorio y el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales y a obtener resarcimiento.

“"Al no proteger los derechos humanos de la población, el gobierno nigeriano ha creado un entorno propicio para que las empresas actúen fuera de un marco apropiado para la rendición de cuentas, lo cual dificulta la obtención de resarcimiento a las personas que han sufrido abusos contra sus derechos humanos”" afirma Michael Hammer, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.

Una consecuencia de que el gobierno no haya prestado los servicios básicos es que desde hace muchos años las empresas petroleras financian proyectos de responsabilidad social corporativa (carreteras, clínicas, escuelas, medios de transporte y otras infraestructuras) en comunidades próximas a sus operaciones. Aunque algunos de estos proyectos han funcionado bien y han proporcionado servicios necesarios, otros distan mucho en ocasiones de ser adecuados o ni siquiera existen.

"La responsabilidad de garantizar el acceso universal a los servicios sociales básicos sigue residiendo en el Estado nigeriano; las empresas transnacionales tienen la obligación de garantizar que las zonas a las que han aceptado voluntariamente dar servicio están debidamente abastecidas y que el abastecimiento se realiza sin discriminaciones" ha afirmado Salil Tripathi, investigador de Amnistía Internacional sobre relaciones económicas.

Las comunidades que no obtienen los mismos beneficios que aquellas más próximas a las operaciones petrolíferas y las que se han quedado fuera de los planes de desarrollo de las empresas transnacionales se sienten agraviadas en ocasiones, ya que en su opinión estas empresas operan arbitrariamente sobre el terreno sin el debido proceso de consulta.

Este resentimiento fue uno de los desencadenantes de la escalada de violencia que, según expertos en el conflicto y analistas de seguridad, dejó más de un millar de muertos en el Delta del Níger en el 2003. A partir de la información publicada en medios de comunicación locales e internacionales, Amnistía Internacional ha calculado que, desde el comienzo del 2004 hasta los acontecimientos de finales de agosto incluidos, se han cometido en torno a 670 homicidios en los estados de Delta, Rivers y Bayelsa.

En muchos casos, los motivos de queja contra las empresas han dado paso a un antagonismo abierto que ha llevado al secuestro de sus empleados, la comisión de actos de violencia dirigidos en su contra y el sabotaje de sus instalaciones petrolíferas. A fin de que protejan a su personal y sus instalaciones, las empresas recurren con regularidad a las fuerzas de seguridad del Estado, las cuales en algunos casos actúan contra los individuos, a menudo de manera arbitraria y desproporcionada.

Aunque las actividades de las empresas transnacionales no son la única causa de la violencia en el Delta del Níger, Amnistía Internacional cree que los Estados tienen la responsabilidad principal de garantizar que las empresas respetan los derechos humanos en su zona de operaciones.

"Las empresas petroleras y el gobierno están obligados a adoptar medidas urgentes, tanto en el ámbito estatal como en el federal, para acabar con los abusos y las violaciones de derechos civiles y políticos así como de derechos económicos, sociales y culturales que padecen muchos nigerianos, y asimismo a afrontar los motivos de queja de las comunidades".

"Las empresas que operan en Nigeria deben actuar, si todavía no lo hacen, conforme a las leyes nigerianas aplicables a sus operaciones y evitar políticas que contribuyan directa o indirectamente a la comisión de abusos contra los derechos humanos. Están obligadas a operar en el marco de las Normas de la ONU sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la Esfera de los Derechos Humanos" ha manifestado Salil Tripathi.

Por staff writer

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