afrol News, 22 de Noviembre de 2004 - El parlamento de Zimbabwe ha aprobado enmiendas a la ya de por sí represiva Ley de Acceso a la Información y Protección de la Privacidad (AIPPA), que aumentan las penas de cárcel y elevan las multas para los periodistas a quienes se sorprenda trabajando sin acreditación gubernamental.

Con las elecciones nacionales de Zimbabwe programadas para marzo 2005, la emproblemada administración del presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, está dejando claro que no se tolerará la cobertura crítica de los medios, denuncia hoy Intercambio Internacional para la Libertad de Expresión (IFEX).

Según la ley actualizada, las personas pueden ser encarceladas por hasta dos años y multadas con hasta 200,000 dólares de Zimbabwe (35 USD), informa el Media Institute of Southern África (Instituto de los Medios de Comunicación del África Austral, MISA) y Reporteros sin Fronteras (RSF).

La ley también restringe a los periodistas acreditados a trabajas para una sola empresa de medios, una estipulación que según MISA tiene la intención de desalentar a los periodistas independientes de escribir para empresas extranjeras que critican más al Gobierno que los medios de comunicación locales.

La AIPPA ya requiere que todos los periodistas de Zimbabwe se registren ante un Comisión de Medios e Información nombrada por el Gobierno, una regla que según los grupos de libre expresión viola las normas internacionales de derechos humanos. También prohibe a los periodistas extranjeros trabajar en el país.

En los dos años desde su promulgación, la AIPPA ha tenido éxito en socavar la libertad de expresión en Zimbabwe, recuerdan MISA y ARTICLE 19. En un reciente informe, los grupos señalan que el único diario independiente de Zimbabwe, The Daily News, fue proscrito para todo efecto práctico y la probabilidad de su retorno a las calles en el futuro previsible parece remota.

Docenas de periodistas han sufrido acoso legal directo, principalmente en la forma de detención breve. El sistema de licencias para periodista fue afirmado constitucionalmente por la Suprema Corte y es probable que juegue un papel en aumento en los ataques directos a los que se atrevan a criticar al partido gobernante y al Gobierno.

Muchas organizaciones internacionales, entre ellas la Unión Europea, la Comunidad Británica y Amnistía Internacional calificaron a la AIPPA de ilegal y antidemocrática.

Por staff writer

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