afrol News, 13 de Enero de 2005 - Los numerosos crímenes de guerra cometidos en la República Centroafricana van a ser investigados por la Corte Penal Internacional, siguiendo una petición del gobierno en Bangui. En especial, se considera que los casos d violencia sexual son los más numerosos. Distintos grupos pro derechos humanos consideran positiva la medida.

Luis Moreno-Ocampo, fiscal de la Corte Penal Internacional anunció la semana pasado que el gobierno de la República Centroafricana le había remitido la situación de los crímenes competencia de la Corte cometidos en el país desde el 1 de julio de 2002. El fiscal declaró que se realizaría un análisis para determinar si se iniciaba una investigación. Con independencia de si la remisión a la Corte Penal Internacional desemboca en investigaciones y enjuiciamientos, el gobierno de la República Centroafricana debe adoptar una serie de medidas.

Hace falta con urgencia un plan de acción nacional a largo plazo para poner fin a la impunidad por todos los delitos tipificados en el derecho internacional cometidos en la República Centroafricana, con independencia del tiempo transcurrido desde que se perpetraron y de la condición y nacionalidad de los presuntos autores. La elaboración de este plan de acción debe ser transparente, con consultas exhaustivas con la sociedad civil.

Del mismo modo, el gobierno debe adoptar leyes de aplicación para garantizar que los crímenes previstos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional son tipificados también como crímenes en la legislación nacional. La legislación nacional debe estar en armonía con las obligaciones contraídas por la República Centroafricana en virtud del Estatuto de Roma y otros tratados internacionales de derechos humanos, y en concreto, con la exclusión de la pena de muerte. Aunque la pena capital no se aplica desde 1981, la legislación nacional sigue autorizando su uso.

La organización pro derechos humanos Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la decisión del gobierno de la República Centroafricana de remitir la situación al fiscal de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, la organización también recuerda que "el gobierno debe adoptar varias medidas más para garantizar que la República Centroafricana podrá y estará dispuesta a investigar y enjuiciar estos delitos por sí misma en juicios justos que excluyan la pena de muerte".

Amnistía Internacional lleva varias décadas documentando abusos graves contra los derechos humanos cometidos con total impunidad durante el conflicto armado que se desarrolla en la República Centroafricana, que incluyen crímenes de guerra y otros que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Más recientemente, durante el conflicto armado que se desarrolló entre octubre de 2002 y marzo de 2003 se cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluidos delitos de violencia sexual, específicamente contra mujeres. Durante dicho periodo el conflicto se desarrolló entre los rebeldes encabezados por el ex jefe del Estado Mayor del ejército y actual presidente, François Bozizé, y las fuerzas leales al ex presidente Ange-Félix Patassé.

Las conclusiones a las que llegó Amnistía Internacional durante una visita realizada a la República Centroafricana en septiembre de 2003 indicaban con fuerza que los combatientes habían cometido actos de violencia sexual, incluidas violaciones, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, siguiendo políticas del gobierno y del grupo armado de oposición.

Por staff writer

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