afrol News, 9 de Septiembre de 2005 - El oleoducto Chad-Camerún, un proyecto de 4.200 millones de dólares estadounidenses, puede congelar la protección de los derechos humanos durante las próximas décadas para los miles de personas que viven en su trazado, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.

"El consorcio dirigido por ExxonMobil que explota el oleoducto está de hecho eludiendo el derecho de los derechos humanos en Chad y Camerún", ha afirmado Andrea Shemberg, asesora jurídica de la Sección Británica de Amnistía Internacional.

"Los acuerdos de inversión que rigen el proyecto podrían socavar gravemente la capacidad y voluntad de Chad y Camerún para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos, haciendo que en la práctica las empresas petroleras no tengan que responder de sus actos en las zonas que atraviesa el oleoducto. En efecto, los firmantes de los acuerdos –los gobiernos de Chad y Camerún y el consorcio de empresas petroleras dirigido por ExxonMobil, en el que también figura la empresa estadounidense Chevron Corporation y la malaisia Petronas Bhd– se han evadido de sus responsabilidades para con los derechos humanos".

El informe, titulado "Contratos a costa de los derechos humanos: el proyecto del oleoducto Chad-Camerún", examina el marco de los acuerdos legales –conocidos como Host Government Agreements (HGAs)– que rigen la construcción y explotación de los campos petrolíferos de Doba en Chad y el oleoducto que lleva el petróleo a la costa atlántica de Camerún. El oleoducto está financiado por el Banco Mundial y es el mayor proyecto de inversión extranjera en África.

El informe halla que los derechos humanos son el precio a pagar en los acuerdos legales que rigen el proyecto, que penalizan económicamente su protección por parte de Chad y Camerún. Los acuerdos pueden exigir que los dos países paguen grandes sanciones económicas si interrumpen la explotación del oleoducto o de los campos petrolíferos, incluso cuando se trate de una intervención para proteger derechos y hacer cumplir leyes que son de aplicación en otras partes del país. Esto hace que resulte extremadamente difícil para Chad y Camerún tomar medidas contra prácticas abusivas de las empresas y que los particulares afectados por el oleoducto consigan resarcimiento.

La explotación de los campos petrolíferos y del oleoducto ya ha generado presuntos abusos contra los derechos humanos de agricultores pobres de la región, que afirman que se les ha negado el acceso a sus tierras y que ExxonMobil se ha negado a indemnizarlos o a devolvérselas. Según los informes, algunos pueblos han visto vetado el acceso a su única fuente de abastecimiento de agua potable, y los pescadores kribi que faenan en las costas de Camerún han visto su medio de vida gravemente amenazado por el oleoducto. Los contratos del proyecto dejan vía libre a más abusos como éstos, sin resarcimiento efectivo, durante el tiempo que dure el proyecto (hasta 70 años).

Además, la organización recuerda que los acuerdos legales carecen de transparencia en la medida en que se han declarado de confidencialidad comercial y quedan protegidos del examen público hasta que se aprueben en forma de ley. Amnistía Internacional cree que es más probable que los derechos humanos se respeten en grandes proyectos de infraestructura cuando los acuerdos legales que hay tras ellos están sometidos al escrutinio público.

El informe de Amnistía Internacional advierte que las salvaguardias de los derechos humanos en Chad y Camerún ya están en peligro, y que estos acuerdos legales pueden agravar la situación. El informe explica que prevalece el clima de temor e intimidación en torno al oleoducto, algunos de cuyos detractores ya han sido detenidos e intimidados. Así las cosas, es fundamental la máxima protección de los derechos humanos.

Amnistía Internacional publica el informe como parte de la investigación que actualmente realiza sobre el impacto de los acuerdos de inversión privados sobre los derechos humanos. Aunque la organización entiende que las "cláusulas de estabilización" y disposiciones similares –concebidas para reducir los riesgos económicos y políticos que plantean a los inversores extranjeros los cambios repentinos en las leyes nacionales– son habituales en acuerdos entre empresas y países que albergan grandes proyectos, a Amnistía Internacional le preocupa que la amplitud de estas disposiciones pueda socavar los derechos humanos y la administración de justicia.

"Estos acuerdos son una muestra de cómo las empresas se están introduciendo en la base del gobierno. Resulta preocupante que pueda haber centenares de acuerdos como éste en todo el mundo, redactados siguiendo una pauta similar, que debiliten la capacidad de los Estados para proteger los derechos humanos y el medio ambiente", ha afirmado Sheldon Leader, profesor de Derecho de la Universidad de Essex y asesor jurídico de la Sección Británica de Amnistía Internacional sobre este proyecto.

El informe de Amnistía Internacional argumenta que el Banco Mundial, y concretamente su agencia de crédito privado, la Corporación Financiera Internacional (CFI), tienen cierta responsabilidad en el peligro que para los derechos humanos suponen los acuerdos del proyecto. Sin el apoyo del Banco Mundial, el proyecto no habría salido adelante, y sin embargo las evaluaciones previas a la concesión de los créditos no tuvieron en cuenta los posibles efectos que tendrían los acuerdos legales sobre los derechos humanos. A Amnistía Internacional le preocupa que el Banco Mundial esté financiando proyectos que podrían impedir a los Estados proteger los derechos humanos.

Por staff writer

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