afrol News, 17 de Octubre de 2005 - La Corte Penal Internacional (CPI) ha dictado las primeras órdenes de detención contra cinco destacados dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor acusados de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en Uganda a partir del 1 de julio de 2002, suponiendo una importante ocasión para resolver la impunidad de crímenes que, durante casi dos décadas, han causado inimaginables sufrimientos a miles de personas en el norte de Uganda.

Las cinco órdenes de detención fueron dictadas por la Sala de Cuestiones Preliminares II de la CPI el 8 de julio de 2005 y son secretas, una técnica que se ha demostrado útil para que los tribunales internacionales mejoren las posibilidades de que los acusados sean detenidos antes de que huyan, y que se utilizó en este caso para "proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico" y "evitar que se desvele la identidad o a el paradero de víctimas, posibles testigos y sus familiares".

Desgraciadamente, ciertas personas a las que se informó de la existencia de las órdenes, filtraron esta información públicamente, aumentando el peligro de que los acusados huyan y los riesgos para víctimas y testigos. La noche del 13 de octubre de 2005, la Sala de Cuestiones Preliminares II decidió retirar el carácter secreto de las órdenes tras asegurarle la Fiscalía y la Dependencia de Víctimas y Testigos que se habían tomado "las medidas de protección necesarias y adecuadas para todos los interesados en esta fase". Los acusados son Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo, Dominic Ongwen y Raska Lukwiya.

"Todos los gobiernos deben asegurarse de que los acusados son aprehendidos y entregados a la CPI inmediatamente", ha declarado hoy al respecto Amnistía Internacional (AI).

Según la organización, el gobierno de Uganda, como Estado Parte en el Estatuto de Roma, debe tomar medidas inmediatas para poner fin a la impunidad que ha impuesto en el país, y debe hacerlo poniendo a disposición judicial a otros miles de acusados de delitos de este tipo, incluidos miembros de las fuerzas gubernamentales ugandesas y sus superiores civiles.

"El hecho de que la Fiscalía no haya solicitado órdenes de detención contra ellos es motivo de honda preocupación, porque los fiscales ugandeses no han investigado ni procesado estos delitos durante los 19 años de conflicto", concluye AI, solicitando a todos los estados que cooperen deteniendo y entregando a todos los inculpados por la CPI.

Por staff writer

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