Marruecos | África Oeste Derechos Humanos | Sociedad AI presenta las conclusiones de su investigación sobre el trato a migrantesafrol News, 26 de Octubre de 2005 - Durante su visita de 10 días a España y Marruecos –visita que ha incluido las localidades de Ceuta, Melilla, Oujda, Nador y Tánger–, la delegación de Amnistía Internacional ha encontrado numerosas irregularidades en el trato impartido a personas migrantes, entre las que se encuentran posibles solicitantes de asilo.
La delegación ha reunido testimonios de personas que huían de la pobreza y la represión, en su mayoría de África Central y Occidental, y que intentaban entrar en las ciudades de Ceuta y Melilla, ya fuera por mar o trepando la valla coronada por alambre de espinos y de cuchillas que las rodea.
En vista de las graves y repetidas violaciones de derechos humanos detectadas por la organización tanto en Melilla y Ceuta como en Marruecos, Amnistía Internacional insta a los gobiernos de España y Marruecos a poner fin de inmediato a todas las expulsiones y devoluciones de migrantes y solicitantes de asilo de origen subsahariano.
En las últimas semanas, según han reconocido las autoridades de España y Marruecos, decenas de personas resultaron muertas y al menos 11 murieron cuando, al tratar de entrar en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, se encontraron con la resistencia de agentes de la ley de ambos países. Amnistía Internacional está investigando otros casos dudosos. Centenares de personas más, entre ellas posibles solicitantes de asilo, han sido aprehendidas por las autoridades marroquíes y puestas bajo custodia o expulsadas del país.
El doctor Francisco Etxebarría, forense español y miembro de la delegación de AI, pudo examinar a personas heridas y estudió testimonios fotográficos y de otro tipo que, según afirmó, indicaban enérgicamente que se había hecho un uso indebido de las medidas y el material de control de multitudes.
Dadas la gravedad y la frecuencia de las lesiones sufridas por las personas que han tratado de cruzar las vallas, AI insta a las autoridades de ambos países a establecer y aplicar un protocolo específico sobre el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que actúan en esta zona. Las disposiciones de este protocolo deben hacerse públicas.
Amnistía Internacional insta asimismo a las autoridades de ambos países a garantizar que las investigaciones sobre los hechos antes citados son exhaustivas, inmediatas, independientes e imparciales, y que los resultados se hacen públicos.
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