afrol News / El Muni, 2 de Enero de 2006 - El líder opositor y presidente del Gobierno de Guinea Ecuatorial en el exilio, Severo Matías Moto Nsá está, vive desde el pasado viernes en situación de un inmigrante ‘cualquiera’ si no ‘ilegal’ en España, donde disfrutaba del estatus de asilo político, al menos, desde 1986. Así lo ha decidido el Gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero en su último consejo de Ministros de 2005, celebrado en el palacio de la Moncloa.

Según la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo socialista, María Teresa Fernández de la Vega, el opositor guineano no puede seguir disfrutando del asilo político en el reino de España porque, comunicó, está ‘demostrado su participación en diversos golpes de Estado contra el régimen de Teodoro Obiang Nguema’, del que, sin embargo, no precisó que es dictatorial, salvaje y caníbal. La decisión es, si no menos, un claro ‘regalo’ de navidad de una España teóricamente laica y profundamente cristiana.

Con la revocación del asilo político al dirigente opositor guineano, el Gobierno español compensa las exigencias de la dictadura guineana que desde mayo de 2004 ya venía condicionando el restablecimiento de las relaciones de cooperación con la vieja metrópoli con la persecución y la represión de los políticos guineanos exiliados en el reino de España.

No es ninguna novedad, sino ya se venía venir. El régimen petrodictatorial de Malabo mantiene en cintura las relaciones de cooperación con España y principalmente en el aspecto comercial, con la puesta en entredicho de la participación de las multinacionales españoles en el ‘gran’ botín petrolero que se reparte en el país desde mediados de los noventa, bajo la mirada codiciosa de petroleras españolas como Repsol.

Las excusas no parecen sino poco claras en el affaire Moto y salvo en el actual estado de las relaciones hispano-guineanas, basadas en un interés desmesurado de la vieja metrópoli en ganar cuotas de confianza cerca de la dictadura para poder participar en su mercado petrolífero, ningún otro interés legal ni de derecho, haya obligado al Ejecutivo español actuar en consecuencia y penalizar ‘inhumanamente’ al político más perseguido, después de Felipe Ondó Obiang Alogo [en prisión desde marzo de 2002], por el general Teodoro Obiang.

Los argumentos del propio Gobierno no se escapan de esta realidad. El expediente evacuado dice tácitamente: “sus actividades son golpistas y crean problemas en la política exterior de España con Guinea Ecuatorial”. ¿A qué problemas se refiere concretamente el Ejecutivo español? ¿Salvo la negativa de la dictadura en abrir las puertas al mercado español en el saqueo del petróleo y en la vuelta al neocolonialismo, qué otras diferencias mantiene el actual Gobierno español con la dictadura de Teodoro Obiang?



Menuda excusa

En política, las oportunidades rara vez se dejan perder aun cuando éstas pueden resultar cuestionadas en el futuro y el caso Moto es si no menos, una marcada oportunidad política que se presenta al Ejecutivo español para recuperar posiciones en el país centroafricano, si antigua colonia, que mantiene ninguneado a la vieja metrópoli desde los tiempos más remotos. Con esto se da por terminada el juego de gato y ratón. España ya ha cumplido con su parte, aunque solo parte de las exigencias que puso Malabo para restablecer las relaciones, primero de cooperación y después, las diplomáticas, venidas abajo tras el desmantelamiento de la embajada, a mediados de 2005. Ahora corresponde que Malabo también dé signos de distensión y admita sin más vueltas de hojas la participación de las multinacionales en el rebosado mercado petrolero, por el que España está dispuesto a pagar cualquier precio, tal vez que aquello no repercute ni en la monarquía ni en el seno de la sociedad española. ‘¡Que lo paguen los mismos negritos!’

En varias ocasiones, el propio Severo Motó ha manifestado que “soy un estorbo para el ‘statu quo’ que se ha establecido desde España para Guinea Ecuatorial, que básicamente pasa por no lograr que este país sea realmente independiente, que no salga del sistema y en esto, pesa muchísimo el lobby español que está bien allí situado”.

No puede ser en vano. El político guineano presiente y se expresa en los mismísimos términos que los ciudadanos de a pie, aunque él precisamente tampoco va en coche, porque su modestia económica desde el exilio y aun cuando ostenta la presidencia de ‘todo’ un Gobierno, no se lo permite.

Después del fracaso del primer Gobierno socialista de Felipe González en imponer en Guinea una democracia y un Estado de derecho, vino la extrema derecha de José María Aznar con vanas promesas de instalar en el poder a sus consocios del Partido del Progreso, siempre liderado por Moto, aunque exigieron a Malabo que moviese ficha y Obiang la movió a través de Gil Casares, amigo de Aznar que inmediatamente fue nombrado Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, encargado, personalmente, de las relaciones con Guinea Ecuatorial. Sólo se le recuerda por su palabrería y no estuvo a la altura de ayudar ni Obiang ni a Moto si bien, por el contrario, sembró más confusión y cizaña entre las partes.

Con la llegada, de nuevo, en el poder de los socialistas, pronto se restablecieron los discursos de despacho. Los socialistas fueron muy claros desde un principio y sin ambages, manifestaron que su máxima aspiración era instalar en el poder a sus consocios de Guinea Ecuatorial, la CPDS, de Plácido Mikó y cualquier organización o líder político guineano, sobre todo, aquellos del exilio debían supeditarse a ello. Estamos hablando de mediados de 2004, cuando el Gobierno del exilio se encontraba en su máximo apogeo, aunque pronto sus planes fueron desbaratados, no sin la complicidad española.

El actual Gobierno socialista fue más que claro. ‘Guinea Ecuatorial sí, y la democracia también, pero siempre con los socialistas guineanos al frente’. Lo cual significaba que cualquiera que se entrecruzara en dicho camino estaba llamado a desaparecer y eso es lo que ha pasado con Severo Moto. El opositor guineano es víctima de la ira de quienes desde un principio manifestaron su rechazo y se comprometieron en hacer vida imposible a cualquier guineano [excepto los suyos] que estigmatizase como un rival en potencia para aspirar a las mismas intenciones que el PSOE y los suyos.

En octubre de 2004 y a micrófono cerrado, un alto ejecutivo del partido socialista manifestó a un periodista de este periódico que ‘no queremos oír hablar de Severo’ y hacia aquellas fechas, el PSOE intentó atraer y convencer a todos los grupos de la diáspora en instituir a CPDS como líder y alternancia de la oposición al régimen de Teodoro Obiang Nguema. Las negociaciones fracasaron y el PSOE se fue a la defensiva.

Todo, desde un principio, fue más que despejado. Cualquier otra insinuación tendente a presentar a Severo fuera de los mecanismos preestablecidos por quienes gobiernan en España está fuera de la lógica si no se tiene en cuenta la gran rivalidad con que pronto los socialistas expresaron hacia él.



Principios de la ONU

Entre otras cosas, el Gobierno español ha revocado el asilo a Severo Moto porque considera que está implicado en ‘actividades contrarias a los fines y principios de las Naciones Unidas’, según se indica en el texto. ¿A qué fines y principios de las Naciones Unidas se refiere el Gobierno español, cuando en Guinea Ecuatorial campa con toda su impunidad un régimen de terror basado en la violencia del ejército contra la población indefensa y la disidencia política? ¿La violación sistemática y persistente de los derechos humanos, los escándalos de corrupción y el terrorismo de Estado que practica el régimen de Malabo no atentan igualmente contra los fines y principios de las Naciones Unidas? ¿Prestar apoyo y colaboración a un régimen sanguinario y opresivo, como lo hace el Gobierno español con la dictadura de Malabo, no atenta contra los fines y principios de las Naciones Unidas?

El Gobierno español debe explicitar en toda su extensión sobre lo que entiende por ‘violación de fines y principios de las Naciones Unidas’. O, de lo contrario, pueda que sea el mismo Gobierno español el que está a punto de violar o ha violado dichos principios, al revocar el estatus de asilo político a un ciudadano que no ha cometido otro delito que el intentar acabar con un régimen omnímodo e ignominioso, que priva a su pueblo el disfrute de los más elementales principios de las Naciones Unidas, como el derecho de los ciudadanos a expresar libremente sus opiniones y a elegir democráticamente a sus gobernantes.

Si las acusaciones contra Moto se basan efectivamente en los supuestos intentos de tentativa de golpes de Estado denunciados reiteradamente por la dictadura, el Gobierno español y quienes respaldan su posición deben de ante mano desautorizar a todos los guineanos, incluidos los dirigentes de CPDS, que hasta la fecha han mostrado su oposición a una dictadura y de la que todos son conscientes que sólo caben las armas para erradicarla de una vez por todas.

En Guinea Ecuatorial reina una de las peores dictaduras que perviven en el mundo y el poder, manu-militari, se ejerce de la manera más arbitraria que existe. El pueblo, rendido en el infortunio y en la desesperación, ha perdido todo tipo de esperanza, creando de esta forma un caos sociopolítico sin precedentes que solo cesará hasta cuando surgen los medios para liberar al pueblo oprimido. Precisamente, la búsqueda de estos medios para salvaguardar el futuro de Guinea Ecuatorial como nación son los que animan y siguen animando el quehacer político de cualquier líder consciente de la realidad sociopolítica de Guinea Ecuatorial. ¿Esto atenta contra los fines y los principios de las Naciones Unidas?

Los más horribles abusos y renombrados violaciones de derechos humanos que se registran en Guinea Ecuatorial se comenten bajo la mirada atenta y la indiferencia de las potencias democráticas occidentales. Luego es lógico que los propios guineeanos, Moto incluido, se vayan a la búsqueda de los medios y de los mecanismos susceptibles de cambiar el actual rumo político del país que, por otra parte, se ha convertido eterno mientras se agoniza el país y las multinacionales rivalizan el saqueo de sus recursos naturales con la ayuda de las potencias democráticas.

Nadie, salvo los quienes ostentan el Gobierno de España, puede creer que actuar en el marco de este contexto atenta contra los principios de las Naciones, a menos que quieren definirse como uno de los principales cómplices del caos sociopolítico que impera en Guinea Ecuatorial. Cualquier pueblo oprimido debe ir necesariamente a la búsqueda de sociedades libres, abiertas y democráticas, y ante la indiferencia de los gobernantes de turno en aceptar las reglas de juego democráticas, las vías, llámese antidemocráticas, han quedado libres, porque precisamente la forma en que Teodoro Obiang gobierna Guineaa Ecuatorial busca el colapso y propugna una guerra civil de consecuencias impredecibles. Es la primera lección que debe tener bien memorizada la denominada comunidad internacional y los países democráticos occidentales.

Ni la propia Naciones Unidas, con la experiencia que tiene de otros países africanos como Ghana, Malí y recientemente Mauritania, puede creer que la búsqueda de los mecanismos para deshacerse de un Gobierno omnímodo como el de Guinea Ecuatorial y devolver al pueblo sus legítimas aspiraciones atenta contra sus fines y principios.

Sin duda alguna, Moto está siendo víctima de su pasado no lejano, de la torpeza política de aquellos guineanos que desde siempre han creído en que la solución de los problemas del país pasa por la vieja metrópoli, cuando por antecedentes históricos sólo se tiene de ésta traiciones a los dirigentes políticos nacionales, como es el caso de Atanasio Ndong Miyone, en 1969.

Por Pedro Nolasco

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