afrol News, 10 de Enero de 2006 - El gobierno federal de Nigeria ha adoptado la decisión de acelerar la celebración de los juicios o poner en libertad incondicional a un total de hasta 25.000 personas, de entre una población reclusa total que los cálculos oficiales sitúan en 45.000 personas.

Según fuentes oficiales del gobierno nigeriano, esta medida, anunciada el pasado 4 de enero, es un intento tanto de resolver el problema del hacinamiento en las cárceles de Nigeria como de respetar el derecho de las personas detenidas a un juicio con las debidas garantías.

Las excarcelaciones afectan a mujeres y hombres privados de libertad en aplicación tanto del sistema penal de la shari’a (ley islámica) como del sistema ordinario de justicia penal.

Entre las personas que van a quedar en libertad incondicional se encuentran personas detenidas por delitos menores; personas detenidas que, mientras aguardaban la celebración de su juicio, han cumplido periodos de prisión superiores a los que habrían cumplido de haber sido condenados por los delitos que se les imputan; y personas detenidas aquejadas de problemas de salud. A otras personas detenidas se les asignará representación letrada a cuenta del gobierno para acelerar sus procesos judiciales.

La organización Amnistía Internacional (AI) ha recordado desde hace varios años sobre las gravísimas violaciones del derecho a un juicio justo cometidas en Nigeria, como mantener a hombres y mujeres en prisión preventiva durante largos periodos, a veces hasta de diez años, y considera muy positiva esta iniciativa.

No obstante, la organización ha pedido al gobierno federal de Nigeria que reforme el Código de Procedimiento Penal para que su contenido se ajuste a las normas internacionales y regionales sobre juicios con las debidas garantías, contenidas en tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en los que Nigeria es Estado Parte.

En particular, Amnistía Internacional ha solicitado a las autoridades nigerianas la abolición de la práctica tan extendida de mantener las acusaciones, por la que un juez puede mantener bajo custodia a una persona por tiempo indefinido en espera de un dictamen jurídico del director de la Fiscalía.

Asimismo, la organización ha pedido garantías al gobierno de Nigeria de que todas las personas detenidas tienen derecho a impugnar la legitimidad de su detención ante un tribunal en un plazo razonable, y también garantías de que son excarceladas de inmediato si se concluye que su detención es ilegítima. Además, los procedimientos de detención e investigación deberán someterse a una revisión periódica.

Por staff writer

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