afrol News, 20 de Enero de 2006 - En la oleada de detenciones que viene produciéndose desde diciembre en Swazilandia, y que ha conducido a la detención de 16 personas, a las que se ha acusado formalmente de traición e intento de asesinato en relación con atentados con explosivos, la policía ha torturado a algunos de los detenidos, y las torturas han sido tan duras que han causado lesiones, en uno de los casos con resultado de muerte, ha denunciado hoy Amnistía Internacional (AI).

Algunas de las denuncias contra la policía se han formulado durante la vista del tribunal, haciendo que al menos un juez ordenara a la policía que trasladara a la víctima al hospital para ser examinada y recibir tratamiento. Se emplearon métodos de tortura –asfixia con tubos de goma– condenados por la coroner en sus conclusiones en el caso de Mandlenkhosi Ngubeni 12 meses antes.

Sin embargo, nada indica que el gobierno haya ordenado una investigación independiente, imparcial y con rendimiento público de cuentas sobre estas denuncias. Tampoco parece haber ordenado ninguna investigación del coroner sobre la muerte de una joven detenida, Fikile Fakudze, poco después de quedar en libertad tras haber permanecido bajo custodia policial.

La organización expresó al rey su preocupación de que el tribunal que juzgará a los 16 acusados pueda utilizar las pruebas conseguidas bajo tortura o malos tratos. El derecho internacional exige que cualquier prueba –incluidas las confesiones de un acusado– conseguida como resultado de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes no sea utilizada en actuación alguna, excepto en las iniciadas contra los presuntos perpetradores.

Además, como afirmó el relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura, "cuando el acusado formule durante el juicio acusaciones de tortura u otros malos tratos, la carga de la prueba debería recaer en el ministerio público, a fin de demostrar, más allá de cualquier duda razonable, que la confesión no se obtuvo con medios ilícitos, incluida la tortura y malos tratos análogos".

En cartas dirigidas por AI al rey y el primer ministro, la organización elogió la actuación de un jefe de policía que había ayudado a que se respetaran los derechos reconocidos internacionalmente de la familia de un joven, Charles Mabuza, víctima de homicidio ilegítimo a manos de la policía en mayo de 2005.

La autopsia oficial se realizó apresuradamente y bajo la presión de la policía, sin reconocer en absoluto el derecho de la familia a recibir información y a que un representante suyo asistiera al procedimiento. Días después, el jefe de policía se aseguró de que la familia, a través de su representante legal, pudiera conseguir que se efectuara una segunda autopsia, esta vez realizada por un perito médico independiente.

El resultado de la segunda autopsia mostró que la policía había sido responsable de la muerte de Charles Mabuza. Hasta donde sabe Amnistía Internacional, el gobierno aún no ha puesto a disposición judicial a los responsables de la muerte ni se ha asegurado de que la familia reciba una indemnización justa y adecuada.

Por último AI pedía al rey y a su gobierno que condenaran inequívocamente los actos de tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como los homicidios ilegítimos a manos de la policía, y que se aseguraran de que la policía lleva a cabo sus operativos respetando las obligaciones de Suazilandia de promover y proteger los derechos humanos. Al tomar estas medidas, el gobierno estará también protegiendo con más eficacia la seguridad pública.

Por staff writer

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