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Nigeria
Sociedad | Derechos Humanos

Desalojos forzados dejan sin hogar a miles de personas en Lagos

afrol News, 25 de Enero de 2006 - Centenares de nigerianos siguen durmiendo a la intemperie casi nueve meses después de que excavadoras y policías llegaran a la comunidad de Makoko, en Lagos, y demolieran casas, iglesias, una mezquita y una clínica, has denunciado organizaciones humanitarias. Después de tres días de destrucción, la comunidad quedó arrasada, y unas 3.000 personas –muchas de ellas ya en la miseria– se quedaron sin hogar.

En un informe hecho público el martes, Amnistía Internacional (AI), en colaboración con el Centro de Acción por los Derechos Económicos y Sociales (SERAC, por sus siglas en inglés) –organización con sede en Lagos–, revela cómo no se dio aviso previo a los habitantes de la comunidad de la demolición de sus casas y sus bienes, llevada a cabo entre el 27 y el 29 de abril de 2005. Muchas de las personas que quedaron sin hogar denunciaron que agentes encargados de hacer cumplir la ley las habían golpeado cuando trataban de impedir que las fuerzas de demolición del gobierno destruyeran todas sus pertenencias. En su relato dijeron que los agentes prendieron fuego a los restos de la destrucción, para asegurarse de que no podían utilizarse para reconstruir casas.

"Los sucesos de Makoko constituyen desalojo forzado y, por lo tanto, son una grave violación de los derechos humanos de los habitantes de la comunidad", ha manifestado Kolawole Olaniyan, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional. "Los desalojos forzados, llevados a cabo sin consulta, sin notificación adecuada, sin proceso debido, sin protección legal, sin resarcimiento y sin medidas adecuadas de reasentamiento, constituyen una grave violación de los derechos humanos."

"El gobierno de Nigeria incumple sistemáticamente su obligación internacional de no llevar a cabo desalojos forzados. Además, no garantiza que se aplica la ley a aquellos de sus agentes y a terceras partes que llevan a cabo esos desalojos ilegales."

En Lagos, la tierra es un objeto cada vez más deseado por los promotores inmobiliarios. La zona de Makoko está junto a un gran puente, que le da un acceso fácil a una de las principales autopistas de transporte de Lagos.

"Los habitantes de Lagos sin recursos económicos pagan un elevado precio por vivir en una tierra cuyo valor ha aumentado: tienen que ver cómo sus casas son arrasadas por las excavadoras del gobierno", ha declarado Felix Morka, director ejecutivo de SERCA, en Lagos. "Estos desalojos y destrucciones deben cesar."

Las víctimas de desalojos forzados de Nigeria tienen un acceso muy limitado a la justicia, ya que sólo hay disponible asistencia letrada gratuita para cuestiones penales, no para cuestiones civiles como las disputas de tierras.

Los desalojos forzados van a menudo acompañados de otras violaciones de derechos humanos, especialmente el uso de fuerza excesiva para llevarlos a cabo y para impedir que los habitantes traten de proteger sus hogares. A las víctimas frecuentemente las golpean, las detienen arbitrariamente, las someten a trato cruel, inhumano y degradante, y las dejan sin acceso a comida adecuada, a agua limpia y a instalaciones higiénicas, entre otras violaciones de derechos humanos. Los defensores de los derechos humanos y los periodistas que investigan casos de desalojos forzados se enfrentan también a acosos, y en algunos casos han recibido palizas.

Las principales víctimas del uso de fuerza excesiva durante los desalojos son las mujeres, los niños y los ancianos, ya que los desalojos suelen llevarse a cabo durante el día, cuando la mayoría de los hombres están trabajando. Las mujeres se ven también expuestas a la violencia después de los desalojos, cuando los hombres parten en una búsqueda desesperada de un alojamiento alternativo para sus familias. La violencia a la que se enfrentan incluye violación y otros actos de violencia sexual, y robo a mano armada.

Los desalojos forzados no son un fenómeno nuevo en Nigeria. Se calcula que, en los últimos cinco años, más de 1,2 millones de personas han sido desalojadas por la fuerza de sus hogares en distintas partes del país. Estos desalojos tienen por lo general como víctimas a personas marginadas, muchas de las cuales llevan años viviendo sin acceso a agua limpia, a instalaciones higiénicas o a servicios adecuados de salud o de educación.


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