afrol News, 13 de Febrero de 2006 - Las medidas de inmunidad provisional tomadas por los diferentes gobiernos de Burundi en los últimos cinco años no han abordado la necesidad de poner fin al clima de impunidad reinante durante décadas y pueden tener un efecto perjudicial sobre el proceso de reconciliación en Burundi, ha denunciado la organización Amnistía Internacional (AI) en su último informe sobre el país.

La "Ley de 21 de noviembre de 2003 relativa a las actuaciones judiciales para la inmunidad provisional de los líderes políticos que vuelven del exilio" proporcionó inmunidad provisional a líderes políticos presuntamente implicados en delitos que tenían un elemento "político", en el entendimiento de que en el futuro se determinaría la verdad y los autores de los delitos rendirían cuentas por ellos, recuerda la organización.

A Amnistía Internacional le preocupa que el gobierno de Burundi no haya avanzado nada en la tarea de terminar con la impunidad de los actos cometidos en el pasado que son delito según el derecho internacional y de otros abusos contra los derechos humanos en lo que se refiere a ninguno de los tres componentes de la lucha contra la impunidad: justicia, verdad y reparación plena.

En concreto, a la organización le preocupa que la concesión de la inmunidad provisional no haya venido acompañada de las medidas necesarias para abordar la cuestión de la impunidad.

Recientemente, el 3 de enero de 2006, el presidente Pierre Nkurunziza decretó la inmunidad provisional de los "presos políticos" tras las recomendaciones formuladas por una comisión especial creada en noviembre de 2005 para determinar quiénes entraban en la categoría de "presos políticos". Seis días después del decreto presidencial, el 9 de enero de 2006, el ministro de Justicia ordenó oficialmente la puesta en libertad de 673 "presos políticos" detenidos en las cárceles de Burundi.

El alcance de estas medidas de inmunidad provisional no está claro. Por ejemplo, la ley de noviembre de 2003 define la inmunidad provisional como "la suspensión de toda actuación legal contra quienes hayan cometido delitos políticos". Por tanto, se plantea la cuestión de si las condiciones para conseguir la inmunidad provisional podrían aplicarse a quienes ya hubieran sido condenados y sentenciados por delitos que más tarde se considerarían políticos.

Aunque el ministro de Justicia declaró el 10 de enero de 2006 que los "presos políticos" puestos en libertad tendrían que comparecer ante una comisión de la verdad y la reconciliación, ésta aún no ha sido creada, y a Amnistía Internacional no le consta que se hayan dado pasos en firme para hacerlo en el futuro inmediato. Una comisión de este tipo, si se creara de acuerdo a las normas internacionales como órgano independiente e imparcial que representara a todos los componentes de la sociedad civil y con un mandato eficaz, con poderes y con recursos, podría contribuir a un aspecto de la lucha contra la impunidad.

El 20 de junio de 2005, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1606, por la que se apoyaba la creación de un tribunal especial dentro de la estructura judicial de Burundi. Sin embargo, aún no han comenzado las negociaciones entre la ONU y el gobierno burundés.

Según AI, se ha avanzado poco en la creación de este tribunal, en la redacción de las enmiendas necesarias al código de procedimiento penal y en la formación necesaria de su personal. Tampoco parecen haberse adoptado medidas serias para que entre en vigor la legislación necesaria que defina los delitos, los principios de responsabilidad penal ni las defensas de forma que se ajusten a las más estrictas normas del derecho internacional, incluidos los Convenios de Ginebra y sus Protocolos, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas.

Amnistía Internacional reafirma su llamamiento para que todos los autores de graves abusos contra los derechos humanos comparezcan ante la justicia en juicios con las debidas garantías, que se ajusten plenamente a las normas internacionales y en los que no se recurra a la pena de muerte.

Por último, la legislación de Burundi no garantiza el derecho de las víctimas de crímenes tipificados en el derecho internacional y de otros abusos contra los derechos humanos ni de sus familias a recibir una reparación plena, que incluya la restitución, la rehabilitación, la indemnización, la satisfacción y las garantías de no repetición. Tampoco dispone recursos judiciales efectivos para conceder tales reparaciones. Amnistía Internacional pide asimismo que se establezcan garantías y procedimientos judiciales eficaces para garantizar la reparación plena a todas las victimas de crímenes tipificados en el derecho internacional y de otros abusos contra los derechos humanos en Burundi.

Por staff writer

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