afrol News, 14 de Febrero de 2006 - Un nuevo informe sindical sobre las normas fundamentales del trabajo en Angola, que coincide con la revisión de la política comercial de Angola en la Organización Mundial del Comercio (OMC) esta semana, identifica deficiencias en la aplicación y cumplimiento de las normas fundamentales del trabajo, especialmente las relativas a los derechos sindicales y el trabajo infantil.

Según el nuevo informe de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), aún cuando los trabajadores y trabajadoras en Angola tienen derecho a sindicalizarse y negociar colectivamente, tanto la ley como la práctica les niegan estos derechos. Para crear sindicatos y realizar numerosas actividades sindicales, se requiere la aprobación del gobierno.

"Las libertades civiles siguen escaseando, inclusive hoy, varios años después de terminada la guerra civil. La mayor parte del empleo formal se da en el sector público, donde el Ministerio de la Administración Pública, Empleo y Seguridad Social fija unilateralmente salarios y prestaciones, por lo cual la negociación colectiva sigue siendo limitada", recoge el informe, hecho público hoy.

Del mismo modo, el estudio advierte que el derecho de huelga también se ve seriamente restringido ante la amplia definición de servicios esenciales para los cuales se limita el derecho de huelga. Asimismo, para declarar una huelga, se requiere que estén presentes en una asamblea dos tercios de los trabajadores.

Según CIOSL, el trabajo infantil está sumamente extendido en Angola, donde se estima que 440.000 niños y niñas entre 10 y 14 años de edad participan en una actividad económica. Muchos de los niños y niñas por debajo de la edad legal de empleo trabajan en granjas familiares, como trabajadores/as domésticos, o como vendedores en la calle.

Desde la guerra civil, todavía son muchos los niños y niñas que se encuentran todavía en albergues y campos para desplazados, o en la calle, y son víctimas de la explotación sexual. La legislación nacional no parece prohibir la venta ni el tráfico de niños y niñas con fines ya sea económicos o sexuales, y es preocupante el alcance que tiene la explotación sexual de los menores, concluye el informe.

Por staff writer

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