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Argelia
Derechos Humanos | Política

Críticas a Argelia por la próxima liberación de 2.000 islamistas

afrol News, 3 de Marzo de 2006 - La decisión de las autoridades argelinas de excarcelar a unos 2.000 islamistas bajo la nueva política de reconciliación nacional ha sido fuertemente criticada por una distintas organizaciones internacionales de derechos humanos. Argelia está saliendo de una década de conflicto interno en la que han perdido la vida hasta 200.000 personas y varios miles han "desaparecido".

El 27 de febrero, el gobierno argelino en pleno, presidido por el presidente Abdelaziz Bouteflika, aprobó el Decreto de Implementación de la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional, eludiendo el debate en el parlamento, que no está actualmente en periodo de sesiones. El texto íntegro de la ley no se reveló antes de su aprobación.

"Un decreto presidencial consagrará la impunidad por delitos tipificados en el derecho internacional, así como por otros abusos contra los derechos humanos, e incluso amordazará el debate abierto al criminalizar el debate público sobre la década de conflicto que ha afectado al país", han advertido hoy las organizaciones de derechos humanos Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Centro Internacional para la Justicia Transicional y la Federación Internacional de los Derechos Humanos.

Las cuatro organizaciones de derechos humanos han calificado las medidas sobre impunidad contenidas en la ley de importante revés para los derechos humanos en Argelia. Las medidas incluyen una amnistía general que se extenderá a las fuerzas de seguridad y, aparentemente, también a las milicias armadas por el Estado, al tiempo que amplía las amnistías parciales anteriores para miembros de grupos armados, todos los cuales han cometido delitos tipificados en el derecho internacional y otros abusos graves contra los derechos humanos que no se han investigado hasta la fecha.

El gobierno presentó la ley como la "implementación" de la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional del presidente Bouteflika, que los argelinos aprobaron en un referéndum celebrado el 29 de septiembre de 2005. Sin embargo, esa carta no mencionaba expresamente ninguna amnistía para los miembros de las fuerzas de seguridad.

"Las nuevas medidas propuestas equivalen a una denegación de la verdad y la justicia para las víctimas de los abusos y sus familias, pues prohibirán que tanto las víctimas como sus familias reclamen justicia en Argelia, e impedirán que se conozca la verdad sobre estos abusos por medio de los tribunales argelinos", afirmaron hoy las organizaciones.

También se denuncia que el decreto prevé una amnistía para los miembros de grupos armados que se rindan o estén en prisión, siempre que no hayan "cometido, o sido cómplices o instigadores de, actos de matanzas colectivas, violación o el uso de explosivos en lugares públicos".

Sin embargo, estas excepciones, con independencia de que sean apropiadas, no se extienden a otros delitos graves, lo que sugiere que los miembros de grupos armados que hayan asesinado a una o varias personas saldrán en libertad, siempre y cuando los homicidios no tuvieran carácter colectivo. La amnistía abarcaría también otros delitos graves cometidos por grupos armados, incluidos la tortura y el secuestro de personas que siguen en paradero desconocido.

Por otro lado, no se han facilitado detalles sobre el mecanismo o el proceso que se seguirá para determinar si los miembros de grupos armados que soliciten la amnistía no pueden beneficiarse de ella por su implicación en "matanzas colectivas, violaciones o el uso de explosivos en lugares públicos".

La ley propone también indemnizar a las familias de personas "desaparecidas", muchas de las cuales sufren penurias económicas. Sin embargo, denuncian las organizaciones, "no hay garantía de que esta indemnización sea proporcional a la gravedad del abuso y el daño sufridos, tal como exigen las normas internacionales".

Las organizaciones reiteraron hoy su llamamiento al gobierno argelino para que respete el derecho de todas las víctimas de abusos graves contra los derechos humanos a la verdad, la justicia y a una reparación completa, considerando que estas garantías son esenciales para cualquier proceso de reconciliación.



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