afrol News, 7 de Marzo de 2006 - Esta semana, los expertos legales de la Unión Europea (UE) van a presentar su conclusión sobre la legalidad del acuerdo pesquero alcanzado el año pasado entre Marruecos y la UE, que incluye las aguas del Sáhara Occidental ocupado. Las protestas del gobierno saharaui en el exilio y activistas de Suecia, Dinamarca, Gran Bretaña e Irlanda han arrojado dudas sobre dicha legalidad. Los aliados tradicionales de Marruecos, Francia y España, son los principales beneficiarios del actual acuerdo.

En julio del año pasado, Marruecos y la Comisión Europea (CE) acordaron finalmente los términos para un nuevo tratado pesquero de cuatro años, permitiendo que los barcos de la UE reiniciasen la pesca en las ricas aguas atlánticas de Marruecos por primera vez desde 1999. El acuerdo se vio más reducido que el tratado anterior de 1995-1999 y excluía las aguas mediterráneas de Marruecos. Sin embargo, se permitió a 119 barcos de la UE - 95 de ellos españoles - volver a faenar en aguas marroquíes a partir de marzo de 2006, dando así un prometedor respiro a la industria pesquera europea.

Sin embargo, los barcos de la UE todavía no pueden faenar en aguas marroquíes. El acuerdo pesquero tiene todavía que ser ratificado en el Parlamento Europeo y en la CE, donde se está encontrando una creciente resistencia por parte de eurodiputados y de distintos gobiernos.

Cuando fue anunciado, las protestas contra el acuerdo comenzaron inmediatamente por parte del gobierno en el exilio de Sáhara Occidental, territorio ocupado por tropas y colonos marroquíes desde 1975. El representante de la UE en las negociaciones había dejado claro que las ricas aguas de Sáhara Occidental eran consideradas parte del acuerdo al estar "bajo administración marroquí". Este punto de vista se opone a la decisión legal adoptada por Naciones Unidas en 2002, que concluía que Marruecos no es el poder administrativo de Sáhara Occidental.

El Polisario y los activistas saharauis consiguieron rápidamente el apoyo del gobierno de Suecia, que se opuso públicamente al acuerdo al no respetar el derecho internacional dado que conlleva la explotación de los recursos naturales en un territorio ocupado. El Ministerio de Exteriores en Estocolmo ha realizado durante los últimos seis meses una campaña de lobbying en otras capitales de la UE para conseguir suficientes votos en contra del acuerdo en el parlamento europeo y en la CE para bloquear su ratificación. Ya se considera que existe una minoría suficiente de países o de países lo suficientemente grandes como para bloquear el acuerdo.

Los suecos han conseguido el apoyo de varios de los principales países de la UE. En recientes reuniones en la Comisión de Pesca de la UE, los representantes de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Irlanda y Reino Unido han expresado su preocupación por "la legalidad" de la inclusión de Sáhara Occidental en el acuerdo. Los gobiernos italianos y austriacos parecen también dispuestos a apoyar el bloque liderado por Suecia. Además, la campaña en contra del acuerdo cuenta con parlamentarios de prácticamente todos los países miembros, incluyendo al español Raúl Romeva, eurodiputado de Iniciativa per Catalunya - Verds (ICV).

Pero también el bloque favorable al acuerdo ha ido ganando terreno desde que emergió el asunto. Francia ha defendido con fuerza el acuerdo, tal y como era de esperar, dado que París es principal aliado político de Rabat en el conflicto de Sáhara Occidental. España, el antiguo poder colonial y considerado a menudo como el poder administrativo legal del territorio, apoya el acuerdo, si bien Madrid opta por mantener un perfil más bajo. Después de todo, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intenta mantener lazos amistosos con Marruecos y es el principal beneficiado por el acuerdo pesquero.

La mayoría de los europarlamentarios y de los gobiernos nacionales les apoyan silenciosamente por razones económicas o estratégicas y esperan a cambio favores de Madrid y de París cuando estos países ven amenazados sus intereses económicos, tal y como suele ocurrir entre las naciones divididas por conflictos de intereses en la UE.

El bloque a favor de Marruecos defiende que ambos acuerdos pesqueros con Marruecos en los años 90 incluyen las aguas de Sáhara Occidental. Los negociadores de la CE todavía demandan que el acuerdo está dentro del derecho internacional, ya que "la población de Sáhara Occidental" también se beneficiará económicamente gracias al acuerdo. Parte de los 144 millones de euros que la UE debe pagar a Marruecos deben ir a parar al desarrollo local "del sector pesquero marroquí", favoreciendo así a las comunidades locales de las industrias pesqueras a lo largo de la costa, incluyendo el Sáhara Occidental ocupado.

El gobierno sueco, sin embargo, no acepta esta discusión. La ministra sueca de Pesca, Ana-Christin Nykvist, declaró a la prensa nacional que los fondos de la UE que pasarán a manos locales probablemente no beneficiaran a los saharauis, ya que son exiliados o marginados dentro de la nueva economía de los colonos marroquíes en el territorio ocupado. El sector pesquero en las ciudades saharauis de El Aaiun y Dakhla está en manos de inversores marroquíes y la mano de obra es reclutada entre los miles de colonos que Rabat envió al territorio después de 1975 para cambiar su composición étnica.

Mientras Suecia lidera la resistencia al acuerdo pesquero UE-Marruecos, la vecina Dinamarca ha liderado los esfuerzos diplomáticos por encontrar una solución al conflicto que divide a la UE. El ministro danés de Pesca, Hans Christian Schmidt, mientras se oponía al acuerdo, instó a que los especialistas jurídicos de la UE analizasen el acuerdo. Dinamarca había "exigido seguridad por parte de la CE... sobre la legalidad de los acuerdos con respecto al derecho internacional", anunció Schmidt al parlamento de Copenhague el pasado mes de febrero.

Se espera que los expertos legales de la CE presenten este jueves su conclusión sobre la legalidad del acuerdo. La mayoría de los observadores europeos esperan que los expertos legales aprueben el acuerdo, a condición de que los fondos se dirijan a la población del territorio. Sin embargo, dadas las diferencias sobre quien es la población legal del territorio, la oposición al tratado puede continuar sus esfuerzos de bloquear el acuerdo en el europarlamento o la CE.

Si los expertos legales consideran que el tratado es ilegal, no será ratificado tal cual, pero se debe negociar una enmienda. La UE tendrá que mirar hacia Washington sobre cómo definir sus lazos económicos con Rabat. EEUU, que es también un importante aliado de Marruecos, firmó en 2004 un acuerdo de libre comercio con el reino en el que se estipuló claramente que el territorio de Sáhara Occidental no quedaba incluido en el tratado. Según Joseph Pitts y Donald Payne, miembros del congreso de EEUU, la UE no debería encontrar dificultad alguna a la hora de definir limitaciones similares.

Por staff writer

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