afrol News, 21 de Marzo de 2006 - Después de que más de 600 familias hayan sido desalojadas en los últimos meses y ante lo que se considera un uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno de Angola en operaciones que han dejado a comunidades indigentes y marginadas sin abrigo ni acceso a los servicios de salud u otros servicios públicos, la organización Amnistía Internacional ha lanzado un llamamiento al gobierno angoleño para que ponga fin de inmediato a los desalojos.

Desde noviembre de 2005, más de 600 familias han sido desalojadas de sus viviendas en varios barrios de la capital, en especial el barrio de Ciudadanía, en el municipio de Viana, y los barrios de Wenji Maka, Cambamba I, Cambamba II, 28 de Agosto y Banga Wé, en el municipio de Kilamba Kiaxi.

Según los informes recibidos por Amnistía Internacional (AI), el 13 de marzo de 2006, cuando la población de estos barrios protestó por la demolición de sus viviendas, un contingente de agentes de policía y guardias de seguridad privada propinó golpes y puntapiés a los residentes y abrió fuego contra ellos. Los informes indican que siete policías y un guardia de seguridad golpearon a un joven e hirieron de un disparo en la rodilla a un niño de seis años o menos. Un grupo de guardias pertenecientes a una empresa de seguridad privada participó en los desalojos a fin de proceder a la demolición de las viviendas y, al parecer, controlar una reunión pública.

La legislación angoleña prohíbe a las empresas de seguridad privada cumplir funciones policiales, recuerda AI, añadiendo que "el 15 de marzo un equipo encargado de la demolición, acompañado de agentes de policía, regresó al escenario de los desalojos, aparentemente con la intención de destruir todos los edificios del lugar".

AI ve con preocupación que los recientes desalojos masivos en Luanda, al igual que los efectuados en años anteriores, parecen haberse llevado a cabo sin el debido proceso legal exigidos por normas internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en el que Angola es Estado Parte.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano creado por la ONU para vigilar el cumplimiento del PIDESC por parte de los Estados, ha definido los "desalojos forzosos" como "el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos".

La organización de defensa de los derechos humanos también siente preocupación ante la reaparición de informes sobre uso excesivo de la fuerza por parte de los encargados de llevar a cabo los desalojos, especialmente durante los desalojos efectuados el 13 de marzo por agentes de la Policía Nacional y la Policía de Intervención Rápida acompañados de guardias de una empresa de seguridad privada en los barrios de Cambamba I, Cambamba II, Banga Wé y 28 de Agosto.

Hasta el momento, no se ha llevado a cabo ninguna investigación de los hechos, incluidos los incidentes en los que la policía y los guardias de seguridad utilizaron armas de fuego, propinaron palizas y detuvieron a algunos residentes.

Por staff writer

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