afrol News / Le Calame, 14 de Junio de 2006 - El Consejo Militar para la Justicia y la Democracia (CMJD) ha examinado y adoptado, en una sesión finalizada el viernes, una ley relativa a la libertad de prensa aboliendo la ordenanza de julio de 1991. La nueva ley, que ha sido objeto de un amplio consenso en el marco de una comisión consultiva presidida por Imam Cheikh Ould Ely, consejero de comunicación del primer ministro, ha sido enmendada, pulida y finalizada por diferentes juristas de la oficina del primer ministro y del ministerio de justicia.

Se han introducido varias innovaciones en la nueva ley que un experto consejero del ministerio de Justicia considera como "adelantada para la subregión e incluso para ciertos puntos del texto francés". El texto consagra el fin del régimen de la autorización e introduce el régimen declarativo.

"Antes de la publicación de cualquier diario o escrito periódico, se presentará ante el tribunal nacional o el territorial competente una declaración de publicación conteniendo cierto número de indicaciones" enumeradas en el texto. Una mera declaración en lugar de la obligación de depósito legal ante la administración (ministerio del interior). Esta disposición representa la derogación del artículo 11 que autorizaba la censura y que ha sido la verdadera bestia negra de la prensa independiente durante 14 años. De esta forma, el nuevo texto, muy liberal, rompe con la ordenanza de julio de 1991.

La nueva ley consagra también el principio deontológico de la protección de las fuentes con algunas salvedades específicas. El texto aprobado el viernes por el CMJD conlleva además una despenalización muy marcada de los crímenes y delitos de prensa y prevé sanciones únicamente monetarias para los periodistas. La pena máxima de prisión prevista no pasa de los 15 días.

Las diferentes infracciones enumeradas por la ley son la provocación al crimen y al delito, los delitos contra la cosa pública, las personas, los jefes de estado y agentes diplomáticos extranjeros. Para el procedimiento de represión de los delitos de prensa o cualquier otro medio de difusión, se activa de oficio y a petición del ministerio público siguiendo las condiciones definidas por el nuevo texto.

Otra innovación principal aportada por la nueva ley se refiere al quid de la cuestión: la financiación de los órganos de prensa por el estado se establece como principio al mismo nivel que el de la protección de las fuentes.

La adopción de esta ley constituye incontestablemente un importante avance en el proceso de refuerzo de la libertad de prensa y de la libertad a secas. Se completará seguidamente por otra ley referente a la liberalización y privatización del mercado audiovisual con miras a la creación de un marco institucional y jurídico para la existencia y el desarrollo armonioso de una prensa audiovisual privada (radios y televisiones privadas e independientes).

Por staff writer

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