afrol News, 15 de Junio de 2006 - La ONU ha expresado hoy su beneplácito, a través de su Secretario General, Kofi Annan, por la decisión del gobierno británico de permitir que el ex presidente de Liberia, Charles Taylor, cumpla en el Reino Unido la sentencia que le sea impuesta por el Tribunal Especial para Sierra Leona. La medida hará posible que el juicio por crímenes de guerra al ex mandatario se transfiera a La Haya, en Holanda.

“Le agradezco al primer ministro Tony Blair y a la secretaria del Exterior, Margaret Beckett, por esta decisión de Estado, que marca un paso adelante más en nuestra batalla contra la impunidad para los crímenes más viles”, dijo Annan al iniciar una conferencia de prensa en la sede de la ONU en Nueva York.

Taylor enfrenta una serie de acusaciones –que incluyen crímenes contra la humanidad y otras violaciones graves de las leyes humanitarias internacionales– por las cuales debe responder ante el Tribunal para Sierra Leona, cuya sede se encuentra en Freetown, capital de ese país.

No obstante, cuando el ex líder fue detenido, el Tribunal Especial consideró que su presencia física en Sierra Leona podía afectar la estabilidad y amenazar la paz en la región, por lo que fue enviado a La Haya.

Taylor, de 58 años, vivió exiliado en el sureste de Nigeria desde que salió del poder en Liberia en 2003 hasta el 27 de marzo pasado, cuando huyó después de que el presidente nigeriano, Olusegun Obasanjo anunciara que colaboraría con su extradición.

El ex dignatario trató de escapar a Camerún, pero las autoridades nigerianas lo capturaron dos días después y lo trasladaron inmediatamente a Monrovia, donde se entregó su custodia a la ONU y fue llevado a Sierra Leona.

Los cargos que pesan sobre Taylor fueron perpetrados durante su intervención en la guerra civil de Sierra Leona entre 1997 y 2003.

El Tribunal Especial para Sierra Leona es una instancia independiente establecida en 1996 por las Naciones Unidas, según el mandato de una resolución del Consejo de Seguridad, y el gobierno del país africano para procesar a los responsables de violaciones graves de las leyes humanitarias internacionales, tales como los crímenes de guerra, durante la guerra civil que ocurrió de 1991 a 2002.

Hasta el momento, el Tribunal ha acusado a once personas relacionadas con las tres antiguas facciones armadas del país.

Por staff writer

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