afrol News, 5 de Octubre de 2006 - Un informe secreto de la ONU castiga con dureza a Marruecos al declarar que a los ciudadanos de Sáhara Occidental se les niegan sus derechos humanos básicos. No sólo se les privó de su derecho de elección sobre la independencia, además carecen de libertad de expresión o reunión para aquellos que defienden la visión de la ONU sobre el conflicto. Éstos corren el riesgo de ser juzgados injustamente y torturados. Pero el informe de la ONU pone en duda también la posición democrática del gobierno saharaui en el exilio.

afrol News ha obtenido una copia de un documento clasificado como "informe no público", compilado el mes pasado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que investiga la situación de los derechos humanos para los saharauis que viven bajo la ocupación marroquí de Sáhara Occidental y en los campamentos de refugiados argelinos controlados por el gobierno del Polisario en el exilio. El informe se produce como reacción a la violenta disolución de manifestaciones en El Aaiún y otras ciudades del Sáhara Occidental desde mayo de 2005, que sólo pudo llevarse a cabo "tras varios meses de negociaciones" entre Marruecos y el Polisario.

Según el testimonio de los activistas saharauis que se reunieron con la delegación de Naciones Unidas, "las manifestaciones empezaron pacíficamente, pero se transformaron violentas después de que la policía marroquí, las fuerzas auxiliares y los Grupos Urbanos de Seguridad (GUS) recurrieron al uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes y los viandantes para dispersarlos, golpeándoles con porras, hiriendo a cientos de manifestantes y arrestando a un número significativo de ellos", según detalla el informe.

Esta violencia también había "provocado la muerte, el 30 de octubre de 2005, de Hambi Lembarki" quien había sido golpeado hasta la muerte por oficiales de policía. "Una autopsia inicial indicó que su muerte fue el resultado de lesiones en el cráneo", según el informe de la ONU. La muerte de Lembarki se cuenta entre los pocos incidentes que han producido consecuencias legales, dado que el padre de la víctima presentó una denuncia que ha sido investigada. Dos oficiales de policía están a la espera de ser juzgados por "homicidio involuntario" en el desempeño de sus servicios.

Sin embargo, el informe de la ONU señala que el Ministerio de Justicia de Rabat sólo ha registrado tres casos de presentación de denuncias legales contra oficiales de policía marroquíes - El caso de Lembarki ha sido el único que realmente se ha investigado - mientras que los activistas saharauis hablan de cientos de casos, incluyendo la tortura. El informe indica que, aunque la ley marroquí prohíbe estrictamente la tortura y la desmesura en la violencia policial, las quejas de los saharauis no han sido tomadas en serio.

Las autoridades marroquíes habían declarado a la delegación de Naciones Unidas que "la violencia durante las manifestaciones - que habían sido declaradas ilegales... - fueron provocadas por los manifestantes y la respuesta de la policía estaba enteramente justificada". La delegación de la ONU, sin embargo, no aceptó esta declaración, concluyendo que "los oficiales de policía parecen haber empleado la fuerza de forma indiscriminada y desproporcionada" y que las manifestaciones no deberían haber sido declaradas ilegales desde un principio. El informe comenta también que las acusaciones de tortura eran creíbles pero no estaban demostradas. No obstante, afrol News ha tenido acceso a las fotografías que documentan la tortura de los activistas saharauis de derechos humanos.

El documento de Naciones Unidas cuestiona también si la condena de los 14 saharauis en enero de este año por su participación en las manifestaciones fue producto de un juicio justo. Todos declaran su inocencia, varios alegan que sus "confesiones" habían sido obtenidas mediante torturas y los abogados denunciaron que no se les permitió citar a más testigos. El presidente del Tribunal de Apelación de El Aaiún no pudo responder a estas acusaciones ya que "había sido designado recientemente". Preocupado por "las serias deficiencias referentes a las garantías de ejercer el derecho a un juicio justo", el informe de Naciones Unidas deploró la réplica insatisfactoria por parte de las autoridades.

La delegación de la organización internacional destacó que el origen de esta situación hay que buscarlo en la limitada "libertad de expresión, reunión y asociación" existente en Sáhara Occidental. Algunos funcionarios del gobierno marroquí han confirmado en varias ocasiones que estas libertades estaban limitadas para las personas, asociaciones, medios y puntos de vista favorables a un referéndum de independencia para Sáhara Occidental.

"Tales limitaciones, especialmente en vista del derecho a la autodeterminación", no podían ser interpretadas como una restricción a la libertad de expresión sancionada por la ONU, como lo son las referentes a la seguridad nacional, el orden público o o la sanidad pública y la moral, concluye el informe.

La delegación de la ONU no pudo documentar abusos graves contra los derechos humanos equiparables durante su estancia en el campo de refugiados saharauis, bajo control del Polisario. Sí registró violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales de los refugiados, atribuidas a la remota localización de los campos en el desierto argelino. Además, cuestionó el monopolio del poder en beneficio del Polisario a pesar de la constitución saharaui, y aseguró que esto era un estatus temporal producido por el exilio, pero que la democracia de partidos se introduciría con la consecución de la "total independencia de Sáhara Occidental".

El informe refleja un evidente escepticismo sobre el aparente buen estado de los derechos humanos bajo el régimen Polisario. Declaró que varios acontecimientos masivos - mítines y manifestaciones - habían sido orquestados por el Polisario, en dichos eventos, un amplio número de saharauis se reunió con los delegados y expresó "sólo un punto de vista relativo al futuro de Sáhara Occidental". Todas las delegaciones que se reunieron con la delegación de la ONU habían pertenecido también al Polisario. En la visita diestramente dirigida, no se expresó ninguna disidencia y los anteriores abusos registrados contra los derechos humanos fueron negados tajantemente por todos.

Sorprendidos y escépticos por esta univocidad, la delegación recordó al gobierno del Polisario su obligación constitucional de garantizar la libertad de expresión. Obviamente, la delegación estaba alarmada, pues concluyó que una "vigilancia más estrecha" de la situación de los derechos humanos en los campos era también "indispensable". La ONU esperó encontrar alguna oposición, como se puede encontrar en cualquier otra sociedad.

afrol News ha recogido testimonios de varias fuentes en los campamentos y entre cooperadores cercanos al Polisario que aseguran que, de hecho, existe una creciente oposición al gobierno en los campamentos. La libertad de prensa no está establecida, los opositores sufren la discriminación y sólo las organizaciones que aceptan formar parte del movimiento del Polisario pueden registrarse, según la oposición de los campamentos. Otras fuentes informan sobre una batalla de poder dentro del Polisario entre los demócratas y los halcones, en la que los demócratas se han comprometido a mantener la calma hasta la independencia. Hay una obligación de mantener la unidad mientras el conflicto siga en marcha, declararon estas fuentes.

Por staff writer

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