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África
Derechos Humanos | Sociedad

Los desalojos forzosos alcanzan niveles alarmantes en África

afrol News, 9 de Octubre de 2006 - Nuevas investigaciones revelan que la práctica de los desalojos forzosos ha alcanzado proporciones epidémicas en África, donde más de tres millones de personas han sufrido esta práctica desde 2000. Zimbabwe, Angola, Kenia, Sudán, Nigeria, Ghana y Guinea Ecuatorial son algunos de los países en los que la población se ha visto más afectada en los últimos años por los desalojos forzosos.

Así lo desvela el nuevo informe elaborado por Amnistía Internacional y el Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos (COHRE), con sede en Ginebra. Las dos organizaciones pidieron la semana pasada a los gobiernos africanos que pongan fin a los desalojos forzosos y cumplan con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

"Las cifras se están disparando realmente e indican a las claras que los desalojos forzosos son una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y menos reconocidas que se producen en África", ha dicho Kolawole Olaniyan, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.

En opinión de Kolawole Olaniyan, "al no poner fin a la práctica de los desalojos forzosos, los dirigentes africanos están violando su obligación de proteger los derechos humanos y desvirtuando su compromiso expreso hacia imperativos de desarrollo tales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Nueva Asociación para el Desarrollo de África."

Los ejemplos de desalojos forzados en todo el continente son tan numerosos como penosos. Se calcula que dos millones de personas han sido desalojados a la fuerza de sus domicilios y muchos miles se han quedado sin hogar desde 2000 en Nigeria.

Más de 12.000 personas fueron desalojadas a la fuerza del campo de Dar Assalaam en Sudán en agosto de 2006. La mayoría eran personas previamente desplazadas por el conflicto de Sudán que habían sido asentadas en campos situados en la capital, Jartum, o sus alrededores. Las autoridades han llevado a cabo el desalojo forzoso de miles de personas de estos campos, reasentándolas en zonas del desierto sin acceso a agua potable, alimentos ni otros servicios esenciales. Actualmente hay más de cuatro millones de personas desplazadas en Sudán.

Del mismo modo, el informe cita el caso de Zimbabwe, donde el gobierno sorprendió a la comunidad internacional en 2005 cuando, en una operación tipo militar, obligó a unas 700.000 personas a dejar sus casas, sus negocios o ambas cosas. Hasta la fecha, el gobierno no ha tomado ninguna medida eficaz para ocuparse de la difícil situación que atraviesan estas personas desplazadas.

En Luanda, capital de Angola, al menos 6.000 familias han sufrido desalojo forzoso y la destrucción de sus casas desde 2001. Muchas de estas familias, que no han recibido indemnización, sufrieron el robo de sus propiedades por parte de quienes las desalojaron, y aún están sin hogar.

En Kenia, aproximadamente 70.000 personas han sido desalojadas a la fuerza de sus hogares en zonas de selva desde 2005, mientras que al menos 20.000 lo han sido de barrios de Nairobi o de sus alrededores desde 2000.

En Ghana, más de 7.000 personas quedaron sin hogar cuando fueron desalojadas por la División de Caza y Fauna del Parque Nacional de Digya, en marzo y abril de 2006. El desalojo se interrumpió en abril, sólo después de que volcara una embarcación que transportaba a más de 150 personas desalojadas, accidente en el que murieron al menos 10 personas. Quienes quedan en el Parque siguen viviendo bajo la amenaza del desalojo forzado. Además, en Legion Village (Accra), en mayo de 2006, fueron destruidas las casas de unas 800 personas, mientras que unas 30.000 de la comunidad de Agbogbloshie, también en Accra, están bajo la amenaza del desalojo forzoso desde 2002.

Por último, el informe menciona el caso de Guinea Ecuatorial, donde al menos 300 familias han sido desalojadas a la fuerza de sus hogares desde 2004, cuando el gobierno se embarcó en un programa de regeneración urbana en Malabo y Bata. Estas familias tenían título de propiedad. Hay miles de personas más en situación de riesgo.




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