afrol News / Mutations, 5 de Diciembre de 2006 - Hoy finaliza en Dakar la visita oficial del presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero. En el transcurso de esta visita, los gobiernos de España y Senegal tendrán que firmar el acuerdo que sanciona la decisión adoptada por España, hace dos meses, "de acoger más trabajadores senegaleses en el marco de su nueva estrategia de lucha contra la llegada masiva a su territorio de inmigrantes clandestinos procedentes de África".

Esta decisión fue anunciada por Miguel Ángel Moratinos, durante una visita a Dakar el pasado mes de octubre. En esa ocasión España ya había firmado con Senegal un acuerdo de cooperación por el que España se compromete a aportar una ayuda anual de 15 millones de euros para los próximos cinco años. Una ayuda que, añadida a las regularizaciones de inmigrantes, hace que algunos ya hablen de "la excepción española".

La visita del presidente español a Dakar se produce tras la conferencia Europa-África de Trípoli bajo el lema "Migración y Desarrollo". Una conferencia que algunos observadores han calificado de "diálogo de sordos". Lo cierto es que al despedirse, europeos y africanos se comprometieron a "encontrar soluciones concretas a los problemas que suponen los flujos migratorios ilegales e irregulares" y a "proteger los derechos humanos de todos los inmigrantes, en particular los de las mujeres y los niños".

Sin embargo, no se pusieron de acuerdo sobre la creación, una petición africana, de un fondo especial facilitado por Europa y destinado a los proyectos de desarrollo con el objetivo de encauzar la inmigración masiva de africanos hacia aquel continente. Dicho fondo, según el comisario europeo, Louis Michel, corre el riesgo de reducir la ayuda europea a las políticas de desarrollo en África.

La Unión Europea ha propuesto sin embargo establecer un sistema de cuotas de inmigrantes africanos en función de las necesidades del mercado de trabajo de los países europeos. Con miras a crear una agencia que fije las necesidades de mano de obra de sus miembros, para proponer después cierto número de visados de trabajo para los países africanos. Esto se propone a cambio de una cooperación más comprometida en la lucha contra la inmigración ilegal y sobre todo con respecto a la expulsión de los clandestinos.

Esta readmisión de sus emigrantes ilegales ha sido rechazada por los países africanos tal y como lo prevé el acuerdo de Cotonou establecido el año 2000 entre la Unión Europea y los países ACP (África, Caribe y Pacífico). Es decir, a petición de un estado miembro de la Unión Europea y sin ninguna otra formalidad.

Otra proposición que ha conocido el rechazo africano: el de Libia de dejar patrullar a los europeos en sus aguas territoriales para reprimir la inmigración ilegal. Y eso a pesar de que se estima que dicho país alberga a más de 600.000 clandestinos. Se calcula que el número seguirá creciendo: las medidas de control establecidas por Marruecos hacen que los viajeros prefieran la vía libia. Sin embargo, el motivo principal es que Trípoli se niega, a pesar de las presiones europeas, a permitir las actividades de la agencia Frontex en sus fronteras.

Esta agencia fue creada el 26 de octubre de 2004 por la Unión Europea y coordina "la cooperación operativa entre los estados miembros en materia de gestión de las fronteras exteriores, asiste a los estados para la formación de guardias fronterizas, creación de normas comunes de formación inclusive (…) y proporciona a los estados miembros el apoyo necesario para organizar las operaciones conjuntas de regreso".

Por Claude-B. Kingué

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