afrol News / Le Quotidien, 19 de Enero de 2007 - Al no haber hecho entrar los fondos taiwaneses según los procedimientos legales, difícilmente podía el gobierno de Macky Sall pedir a la Asamblea Nacional asegurar el reparto. La sesión de reparto de los 7.000 millones, y algo más, de francos Cfa, recibidos de Taiwán y oficiada por el primer ministro ha dejado a más de un senegalés con su hambre y no sólo en la esfera gubernamental.

Muchos son los que se preguntan acerca de las razones que han incitado a las autoridades, al más alto nivel del Estado, a ignorar las reglas elementales de gestión presupuestaria. Su actitud lleva a preguntarse sobre la realidad de la transferencia de estas sumas de los bancos de Chipre donde se cuenta estaban escondidas. Es revelador que el ministro de Economía y Finanzas, Abdoulaye Diop, declarara que no estaba en posición de responder a esta cuestión cuando se le preguntó sobre la situación de estos “miles de millones de Taiwán” durante la sesión de votación del presupuesto de 2007 en la Asamblea nacional, a finales del año pasado.

Simplemente porque no podía dar ningún argumento material para sostener un argumento cualquiera.

El ministro de Finanzas, así como el primer ministro Macky Sall, que ordenó la mascarada del martes pasado, sabía que los presupuestos de los ministerios se reparten según criterios muy precisos, que el gobierno aprecia y comunica a la representación nacional. Esta última aprueba o enmienda, según su apreciación, la parte de las finanzas del Estado que se destina a cada ministerio.

Este es el procedimiento ordinario. Cuando se trata de los fondos extraordinarios, o los recibidos después del reparto del presupuesto ordinario, el proceso exige el voto de una ley de finanzas rectificativa. Es el proceso que se observó en 2005, cuando se trataba de repartir los recursos financieros que el Estado obtuvo en el marco, entre otros, de la realización de la iniciativa denominada de devolución de la deuda a los Países Pobres Muy Endeudados (PPME). Y en estas coyunturas, los montantes afectados eran mucho más importantes que los 7.500 millones de Wade y Macky. Pero sin duda en ese momento las cosas estaban muy calibradas y los fondos en cuestión podían ser reconstituidos sin ninguna dificultad, tranquilizando a todo el mundo.

Todo el mundo sabía que, en el marco de la Iniciativa PPME, el gobierno había reunido más de 59.500 millones de francos Cfa, que la privatización de Sonacos había aportado teóricamente 5.300 millones de francos, y que la ampliación de la base imponible había dado, hace dos años, 15.000 millones de francos más. La Asamblea Nacional, a propuesta del ejecutivo, podía pues repartir el maná reunido de esta forma.

Pero no parece ser este el caso. Si los 7.500 millones ofrecidos por el pueblo de Taiwán al pueblo amigo – en esa época- de Senegal, hubieran seguido el proceso habitual, habrían, al abandonar la Isla de Formosa, transitado por el Tesoro Público, que habría podido decidir guardarlo en las arcas de un banco del lugar o en los subsuelos del Banco Central de los Estados de África Occidental, hasta que el Ordenador de pagos, ministro de Economía y de Finanzas, decida su destino, en Consejo de ministros.

Este respeto por el procedimiento legal tendría como ventaja desterrar cualquier equívoco sobre la materialidad de este regalo sobre el territorio de Senegal. Además, nadie habría polemizado sobre la cuestión de saber de dónde viene ese dinero ya que el BCEAO no permitiría jamás que Senegal, o ningún otro estado de la UEMOA, guardara en sus arcas dinero procedente de una operación poco recomendable, y cuya travesía no pudiera ser garantizada.

Al ignorar los textos que deben de defender, el presidente Wade y su gobierno no deben sorprenderse de que su maniobra haga mucho ruido, cuando estaba en un principio destinada a acallar los rumores.

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