afrol News / IRIN, 19 de Enero de 2007 - Más de 100 togoleses han empezado a presentar querellas ante las instancias judiciales para que se investiguen los actos de violencia que rodearon las elecciones presidenciales hace dos años dejando cientos de muertos y que desencadenaron el éxodo de cerca de 40.000 personas a las vecinas Ghana y Benín.

Las querellas se han unido a través de un colectivo de organizaciones togolesas contra la impunidad y están buscando una reparación de las fuerzas de seguridad, miembros de la milicia y otros, según el grupo londinense de derechos humanos Amnistía Internacional.

El próximo paso corresponde al estamento judicial. Abrir una investigación, interrogar a los testigos y llevar a los perpetradores a juicio, aunque probablemente el proceso será examinado de cerca por los grupos de derechos humanos que consideran que la influencia del ejecutivo sobre el sistema judicial del país ha sido muy fuerte.

“Podemos decir que en el pasado la impunidad era casi total en Togo”, declaró el viernes Salvatore Sagues, investigador de África Occidental en Amnistía. “Por lo que sabemos casi ninguno de los pasados perpetradores fue llevado ante la justicia. Es una oportunidad de oro para el gobierno de demostrar su voluntad de cambiar y combatir la impunidad. Si se pone fin a la impunidad esto demostrará a las fuerzas de seguridad que no podrán violar los derechos humanos en el futuro como lo han hecho en el pasado”.

Sagues declaró que esto era particularmente importante ya que Togo se prepara para celebrar elecciones legislativas en junio.

“Estas víctimas no tienen ningún deseo de venganza, pero quieren conocer a las personas que les robaron o mataron a sus padres y quieren que se les haga justicia para que estas cosas no pasen de nuevo”.

Amnistía hizo público el jueves un informe compilado de los testimonios de docenas de personas de diversa procedencia política que Amnistía entrevistó el pasado julio. El informe tenía que hacerse público en una conferencia de prensa en Lomé el 26 de noviembre, pero tres días antes de su publicación el gobierno togolés pidió a Amnistía un “período de tiempo apropiado” para poder comentarlo. Amnistía retrasó la presentación del informe hasta el jueves.

El gobierno, en su respuesta, prometió poner punto final a la impunidad.

“Ahora les pedimos que vayan más allá de las promesas y actúen y le den independencia al estamento judicial para investigar libre y rápidamente” declaró Sagues.

El ministro de Comunicación de Togo, Gahoun Hegbor, señaló que un acuerdo alcanzado el año pasado entre los partidos políticos de Togo sancionó la creación de una comisión para arrojar luz sobre la pasada violencia política de Togo.

“Quizás las cosas no vayan tan rápido como Amnistía quisiera, pero el gobierno no permanece inactivo”.

Amnistía comentó que aunque recibía la respuesta de las autoridades togolesas, el grupo estaba “descontento de que no hayan llegado a ningún compromiso firme” para llevar a los supuestos perpetradores de la violencia de 2005 ante la justicia.

La inseguridad irrumpió en Togo después de la súbita muerte del veterano gobernante Gnassingbe Eyadema a principios de 2005. Su hijo, Faure Gnassingbe, se metió en el traje del padre y apenas se llegó a organizar elecciones unos meses después. La oposición política y sus partidarios pusieron en duda la victoria de Gnassingbe y se las vieron con las fuerzas de seguridad, recuerda Amnistía.

Los esfuerzos para acabar con la impunidad en África Occidental han ganado impulso en los últimos años. Los ciudadanos de Sierra Leona buscan justicia mediante el Tribunal Especial promovido por la ONU sobre las atrocidades cometidas durante la guerra civil de la nación.

El ex presidente de Liberia, Charles Taylor, se enfrenta a un juicio por crímenes de guerra en conexión con ese conflicto. Su hijo, Chuckie, se enfrenta a cargos por crímenes de guerra así como a abusos supuestamente cometidos en Liberia.

La sociedad civil de Burkina Faso sigue galvanizándose alrededor del caso del periodista asesinado Norbert Zongo, cuya muerte en 1998 provocó medidas dirigidas a poner fin a la impunidad. Pero los burkinabés consideran que muy poco ha cambiado y demandan más acciones.

Los chadíes prosiguen su caso contra el ex gobernante Hissene Habre, quien supuestamente será juzgado en Senegal por cargos de tortura.

Por staff writer

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