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Ruanda
Sociedad | Derechos Humanos

Asesinato de testigos del genocidio en Ruanda

Tumba de Egide Ndabakuranye

Tumba de Egide Ndabakuranye, presidente del tribunal gacaca local, asesinado cerca de su casa rural de Mwulire, Ruanda.

© Human Rights Watch / afrol News
afrol News, 23 de Enero de 2007
- Más de 20 supervivientes del genocidio de 1994 en Ruanda, testigos en el proceso judicial sobre el caso, han sido asesinados durante los últimos dos años. Los asesinatos ya han provocado otros en actos de venganza y los activistas de defensa de los derechos humanos temen que la tensión étnica pueda volver a establecerse en Ruanda.

"La policía y las autoridades judiciales de Ruanda deben garantizar una acción policial rápida y efectiva en el cumplimiento de la ley en los recientes asesinatos de participantes en el sistema tradicional de justicia para el genocidio, conocido como gacaca" señala el grupo "Human Rights Watch" en un informe hecho público hoy.

El informe de 20 páginas, 'Asesinatos en el Este de Ruanda', documenta dos incidentes de finales de noviembre de 2006 en el que 13 personas fueron asesinadas. El 19 de noviembre, el superviviente del genocidio Frederic Murasira fue asesinado en Mugatwa, en el este del país. A las pocas horas, residentes de una aldea cercana habitada por supervivientes del genocidio mataron a ocho residentes de Mugatwa que aparentemente no habían participado en el asesinato.

Según el informe, entre las víctimas de estos asesinatos de venganza se incluían niños de tres, seis, ocho y trece años, así como dos mujeres y un hombre de 70 años. Uno de los sospechosos se entregó a la policía y fue arrestado por la muerte de Murasira, y otras personas fueron detenidas en relación a los asesinatos de represalia.

"Los asesinatos de supervivientes del genocidio cuestan vidas humanas y ponen en peligro la consecución del proceso de la justicia", declaró Alison Des Forges, de "Human Rights Watch". "Una acción policial rápida y eficaz es la forma de ocuparse de esta amenaza, no los asesinatos de represalia. Éstos han sido poco frecuentes en el pasado, pero si se hacen más frecuentes, pueden desencadenar un nuevo ciclo de violencia", advirtió.

Las jurisdicciones gacaca, establecidas para el proceso de los crímenes cometidos durante el genocidio de 1994, han estado juzgando a sospechosos en toda Ruanda desde julio. A partir de ese momento, los grupos de superviviente han expresado su preocupación ante los ataques a supervivientes y testigos.

El sospechoso del asesinato del superviviente, una vez encarcelado bajo cargos de genocidio, fue provisionalmente liberado y tiene que ser juzgado bajo la jurisdicción gacaca. El tío de la víctima es un juez en los tradicionales tribunales gacaca, y supuestamente estaba preparado para presentar nuevas acusaciones contra el sospechoso.

Los representantes del gobierno de Ruanda han declarado que 16 supervivientes del genocidio fueron asesinados en 2005 y siete en 2006, pero los grupos de supervivientes estiman que las cifran se sitúan alrededor de los 20 muertos al año en los últimos años.

En un segundo incidente, un juez gacaca fue asesinado en el distrito de Rwamagana el 23 de noviembre. La policía detuvo rápidamente a tres sospechosos. Uno, medio hermano de la víctima, había supuestamente intentado sin éxito que el juez asesinado anulara los cargos de genocidio en su contra.

La policía disparó y mató a los tres sospechosos la noche de su arresto. Según las autoridades policiales, las muertes fueron en defensa propia durante una tentativa de escape abortada. Sin embargo, las pruebas y los testimonios sugieren que los tres pueden haber sido víctimas de ejecuciones extra judiciales. Una investigación policial sobre estas muertes que aparentemente absolvió a los policías dejó muchas cuestiones importantes por resolver.

"Una investigación efectiva e independiente de estos tiroteos mortales es esencial" comenta Des Forges. "En cualquier sociedad, las muertes en custodia a manos de policías deben ser sometidas a la mayor investigación. Tanto los oficiales de policía como los ciudadanos deben responder si cometen crímenes".


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