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Guinea
Trabajo | Política

La ley marcial en Guinea causa más protestas

afrol News, 14 de Febrero de 2007 - Postrado en su lecho, el presidente guineano, Lansana Conté, decretó la noche del lunes la ley marcial, otorgando amplios poderes a los militares para restaurar el orden en el país. La ley imponía también un toque de queda de 20 horas al día y declaraba el estado de emergencia hasta el 23 de febrero. Sin embargo, el decreto sólo ha provocado más protestas.

El presidente Conté ha recurrido a esta medida de último momento para detener el aumento de las terribles protestas, pero se han registrado tiroteos esporádicos en los suburbios de la capital, Conakry. En estos barrios, los jóvenes querían reanudar la huelga el martes. La ley marcial prohíbe cualquier tipo de reunión pública y otorga poderes a los militares para detener a cualquiera sospechoso de "amenazar la seguridad del Estado"; una definición bastante vaga.

Los sindicalistas de este país del África Occidental concluyeron el pasado 28 de enero una huelga de 18 días después de que el presidente les garantizara que se iban a cumplir sus demandas. Pero las protestas se reanudaron el fin de semana ante el nombramiento de Eugene Camara, un veterano ministro, como jefe de gobierno.

Calificando esta iniciativa de "nueva provocación" por parte del presidente Conté, los sindicalistas hicieron un llamamiento a los guineanos para que volvieran a las calles para protestar en favor de la resignación de Conté. Como en las pasadas huelgas, la última también se ha revelado mortal. Hasta ahora, se ha informado de un total de más de 80 personas muertas por las fuerzas de seguridad durante ambas huelgas.

Aún se considera que el país no es seguro, aunque soldados fuertemente armados han conseguido evitar las protestas de los jóvenes. La embajada de Estados Unidos ya ha instado a todos los ciudadanos americanos a que abandonen el país. Los representantes de la embajada estadounidense han ofrecido llevarse a sus ciudadanos de Guinea en un avión del gobierno norteamericano, dado que los vuelos comerciales no han estado operando.

En una emisión radiofónica del lunes por la tarde, el desesperado presidente guineano admitió que su país estaba en toque de queda y que era necesario adoptar todas las medidas necesarias para restaurar la ley y el orden, proteger a las personas, así como evitar que Guinea se encamine a una guerra civil.

Bajo la nueva ley, a los guineanos se les prohíbe hacer manifestaciones o reuniones. También autoriza a los militares a entrar en casas privadas, vigilar llamadas telefónicas, comunicaciones y censurar la prensa.

Como el principal exportador mundial de bauxita, tanto la minería como el embarque del mineral se han interrumpido por la última huelga del país. Esto ha afectado a los precios del mercado mundial del aluminio, que se produce a partir de la bauxita. De hecho, el trabajo se ha visto interrumpido en la mayor compañía minera de bauxita de Guinea, 'Compagnie des Bauxites de Guinée' (CBG) en Sangaredi, norte de Conakry, después de un saqueo y tiroteos producidos por la noche.

El gobierno de Guinea posee un 49% de la participación en la CBG, con el resto de la participación perteneciente a una compañía estadounidense, Halco. Anualmente, la compañía guineana produce más de 14 millones de bauxita mojada en su mina de Boké, en el norte. También exporta anualmente cerca de 13 millones de toneladas de bauxita seca. Se ha informado de un incidente similar en el puerto de exportación de Kamsar, forzando la parada de las operaciones de exportación de bauxita.

La huelga ha tenido su repercusión negativa en el empobrecido país, donde establecimientos comerciales, bancos, colegios y oficinas administrativas han permanecido cerrados en Conakry y en otras de las principales ciudades. Pero la situación de los derechos humanos en el país ha sufrido también mucho por las medidas represivas aplicadas por el gobierno y el ejército.

Esta semana, incluso la Unión Africana (UA) ha condenado a los soldados guineanos por reprimir los derechos de los civiles mediante el asesinato de los protestantes. La UA añadió su voz a aquellas organizaciones de derechos humanos, pidiendo una investigación independiente sobre los asesinatos.


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