Ismael Omar Guelleh, Presidente de Yibuti: «Los jefes de estado cuentan con la misma inmunidad que los diplomáticos.»

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afrol News, 15 de Febrero de 2007 - Una juez de instrucción francesa, Sophie Clement, ha citado al presidente de Yibuti, Ismael Omar Guelleh, para interrogarle sobre la misteriosa muerte en 1995 de un juez francés en el país del Cuerno de África. El presidente Guelleh, quien se encuentra en Francia para asistir a la cumbre franco-africana, se desentendió de una petición similar en 2005 y se espera que haga lo mismo ahora.

Considerado como muy sensible, el caso, que fue investigado por cuatro investigadores franceses, incrementará la tensión en unas relaciones diplomáticas ya bastante complicadas entre Francia y su antigua colonia.

El cuerpo de Bernard Borrel se encontró bañado en gasolina y medio quemado en las afueras de la capital de Yibuti en octubre de 1995. Pero una investigación sobre la muerte, realizada por el gobierno de Yibuti, concluyó que el juez había cometido suicidio, una declaración que la viuda de Borrel, Elisabeth Borrel, negó tajantemente, alegando que la muerte de su marido había sido ordenada por el presidente Guelleh.

Al principio, los investigadores franceses suscribieron la versión yibutí de la historia, pero recientes estudios médicos y legales realizados por los franceses confirmaron que en realidad el juez fue asesinado.

Modificando una primera declaración, el ministerio francés de Justicia ha hecho público hoy un comunicado declarando que "en lo que respecta a la custodia internacional, los jefes de estado cuentan con la misma inmunidad que los diplomáticos y, por ello, no se les puede hacer testificar ante el sistema judicial francés".

Añade el comunicado que las peticiones dirigidas a personas inmunes de procesamiento "deben cumplir con las formas previstas por la ley".

En enero de 2005, un juez francés emitió órdenes de detención contra oficiales yibutíes – incluyendo el fiscal del estado y el jefe de seguridad, Hassan Saeed y Djama Souleiman – acusándoles de interferir ante los testigos en la investigación en marcha sobre la muerte del magistrado.

Saeed fue acusado de obligar a un oficial del ejército a mentir a la comisión investigadora del caso. Luego huyó del país y ahora era uno de los testigos del tribunal francés.

Sin embargo, el gobierno de Yibuti insistió en que Francia carece de mandato legal para llamar a declarar a sus oficiales protegidos por la inmunidad diplomática.

Esto precedió a una crisis diplomática entre ambos países, en el que Yibuti expulsó a seis trabajadores humanitarios franceses, algo que molestó a Francia, que había mantenido previamente excelentes relaciones con el pequeño país del este africano desde su independencia en 1977.

La reapertura del caso ha provocado rápidas reacciones de los medios de comunicación de Francia. Algunos acusan a las autoridades de Yibuti de haberse guardado algo bajo la manga durante las investigaciones de 1995.

Ademas, la estatal 'Radio France Internationale' (RFI) – que en aquel entonces era bien recibida y muy escuchada en Yibuti – se involucró tanto en el caso que dedicó un programa especial al caso Borrel, cuestionando así la integridad de las autoridades de Yibuti. El gobierno de Yibuti decidió cerrar la emisora de RFI en el país en enero del año pasado.

Antes del cierre, el ministro yibutí de Exteriores publicó un durísimo comunicado protestando contra la cobertura que los medios franceses realizaban sobre el caso Borrel y sobre la citación del tribunal de París sobre Saeed. Según Ali Abdi Farah, ministro de Exteriores de Yibuti desde 1999, los hechos fueron seriamente distorsionados. En su opinión, los procedimientos legales que rodeaban la muerte de Borrel en 1995 habían sido llevados a cabo por oficiales franceses en Yibuti, incluyendo a la policía francesa, militares galos y a representantes sanitarios de aquel país.

"Las autoridades de Yibuti nunca, en ningún momento, interfirieron con el proceso", argumentó.

Altos representantes franceses apoyaron más tarde la declaración de Farah, argumentando que las autoridades de Yibuti nunca habían interferido en el caso Borrel. Fue una investigación francesa, sobre la base de "la excelente cooperación de las autoridades y la justicia de Yibuti" en total transparencia. A los investigadores franceses se les aseguró el acceso total a todos los lugares, personas e informaciones que necesitaban, incluso a secretos militares clasificados, destaca el Ministerio de Exteriores.

Francia ha sido tradicionalmente el principal socio de desarrollo de la ex colonia, aportando una cantidad significativa de ayuda y apoyo financiero al país, estratégicamente situado. Cerca de 2.700 soldados franceses siguen estacionados en Yibuti en virtud de una cuerdo firmado durante la independencia.

Sin embargo, con la "Guerra contra el terrorismo" lanzada por EEUU, Yibuti ha aumentado su importancia internacional y reducido su dependencia de París. Cerca de 1.800 soldados americanos están ahora estacionados en Yibuti, que es el nuevo cuartel general para la fuerza antiterrorista del Océano Índico. Incluso Alemania tiene ahora una base militar en el país. La nueva presencia militar extranjera contribuye también significativamente a la economía de Yibuti.

Con esta recién encontrada autoconfianza, el ministro de Exteriores Farah dejó claro el año pasado que no aceptaría ninguna humillación francesa respecto al caso Borrel. Los puntos de vista de los yibutíes no han cambiado desde entonces, algo que el presidente Guelleh debería de contar a su homólogo francés en la actual cumbre Francia-África en Cannes.

Por staff writer

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