afrol News, 19 de Marzo de 2007 - Amnistía Internacional instó a los miembros del Parlamento egipcio a que rechacen las enmiendas propuestas a la Constitución del país, ya que las considera el más grave atentado a las salvaguardias de los derechos humanos en Egipto desde que se volvió a declarar el estado de excepción en 1981.

El Parlamento egipcio se disponía a aprobar este domingo enmiendas a 34 artículos de la Constitución, incluido el artículo 179. Las enmiendas a este artículo otorgan amplios poderes de detención a la policía, conceden vasta potestad para vigilar las comunicaciones privadas y permiten al presidente egipcio eludir a los tribunales ordinarios y remitir a las personas sospechosas de terrorismo a tribunales militares y especiales, en los que es improbable que reciban juicios justos.

"Las enmiendas constitucionales propuestas no harán más que consolidar el sistema de abusos que impera desde hace tiempo en virtud de los poderes previstos en el estado de excepción, y darán al uso abusivo de tales poderes una falsa legitimidad", afirmó Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

De aprobarse en el Parlamento, las enmiendas al artículo 179 serán sometidas a un referéndum popular el 4 de abril, junto con las enmiendas a otros 33 artículos de la Constitución.

ONG egipcias y otras voces también han expresado su honda preocupación por estas otras enmiendas, como las que prohibirían el establecimiento de partidos políticos basados en convicciones religiosas y reduciría el papel de los jueces en la supervisión de elecciones y referendos.

Las enmiendas se han presentado a los parlamentarios como un conjunto indivisible sobre el que tienen que votar a favor o en contra. No pueden aceptar algunas y rechazar otras, ni tienen la posibilidad de proponer ninguna de las enmiendas a un examen parlamentario más detenido.

Mientras tanto, el pasado viernes, la policía dispersó a las personas que se manifestaban en El Cairo para pedir el rechazo de las enmiendas constitucionales. Se detuvo y recluyó a decenas de manifestantes. La mayoría quedaron pronto en libertad, pero se han presentado cargos contra 23 de ellos por delitos de orden público.

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