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Ruanda
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Ruanda incumple requisitos para entrega de sospechosos de genocidio

afrol News, 2 de Noviembre de 2007 - Amnistía Internacional (AI) ha instado hoy a los gobiernos de todo el mundo a no entregar a Ruanda a personas sospechosas de haber cometido delitos durante el genocidio de 1994 para ser juzgadas hasta que el país africano no garantice un juicio justo y garantías procesales para los acusados.

La organización ha publicado un memorando en el que se describen los criterios que deben aplicar los gobiernos y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda cuando consideren la entrega de personas a ese país para ser juzgadas.

Según informa AI, a pesar de las mejoras que ha experimentado el sistema de administración de justicia de Ruanda en los últimos años, según la organización, "aún se albergan graves preocupaciones al respecto a su capacidad para investigar y procesar con justicia e imparcialidad y de acuerdo con las normas internacionales a personas acusadas de delitos relacionados con el genocidio de 1994", declara la ONG.

Amnistía Internacional ha instado también al Tribunal Penal Internacional para Ruanda a no trasladar ninguna de sus causas a Ruanda "hasta que el gobierno ruandés pueda demostrar que puede llevar a cabo juicios con justicia e imparcialidad y que está dispuesto a hacerlo, y que todas las víctimas y testigos recibirán protección".

Durante los últimos meses, el gobierno ruandés ha formulado peticiones formales e informales a varios gobiernos –incluidos los del Reino Unido, los Países Bajos, Canadá, Francia y Finlandia– de extradición de varias personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Ruanda durante el genocidio de 1994. En junio de 2007, el fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda presentó su primera solicitud de traslado de una causa a los tribunales de Ruanda.

En su memorando, Amnistía Internacional insta al Tribunal Penal Internacional para Ruanda a no trasladar causas a Ruanda hasta que: no se haya demostrado que el sistema ruandés de justicia actúa con imparcialidad, procesando los delitos cometidos por personas pertenecientes a todas las partes del conflicto; todos los juicios se llevan a cabo con arreglo a las normas internacionales; los procesos de las personas entregadas sean observados por expertos independientes; las personas que se entreguen no corren riesgo de ser torturadas o sufrir otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y, finalmente, que todas las víctimas y testigos reciben apoyo y protección eficaces contra amenazas, intimidación y agresiones.

"Apoyamos plenamente el desarrollo del sistema nacional de justicia de Ruanda, pero hasta que no estemos satisfechos de que se cumple con todos los requisitos necesarios para la realización de juicios justos e imparciales, exhortamos al Tribunal Penal Internacional para Ruanda y a los gobiernos nacionales a negarse a transferir ningún caso a Ruanda", afirmó Edwin van der Borght, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.

"El Tribunal Penal Internacional para Ruanda debe informar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de que necesita más tiempo y recursos para concluir el número de causas que debe ver, en vez de procurar el traslado de causas a un sistema en el que las personas corren riesgo de ser sometidas a tortura y juicios injustos".


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