afrol News, 6 de Noviembre de 2007 - Un tribunal egipcio condenó ayer a tres años de cárcel a dos agentes de policía. Según Amnistía Internacional (AI) estas condenas deben ser aprovechadas por las autoridades para abrir el camino a la penalización de todos los actos de tortura y otros malos tratos.

"La condena de estos dos agentes de policía constituye una medida positiva y ha tenido buena acogida; pero, para que tenga verdadera trascendencia, debería ser precursora de una acción concertada de las autoridades egipcias para garantizar la investigación exhaustiva de todas las denuncias de tortura y el procesamiento de los responsables de torturar y maltratar a personas detenidas –señaló Malcolm Smart, director del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África–. Las autoridades egipcias deben dejar claro, con acciones y no simplemente con palabras, que no se va a tolerar la tortura."

Así reaccionaba la organización de derechos humanos ante la sentencia contra los dos agentes de policía declarados culpables de torturar a Emad al-Kabir en 2006.

Ambos agentes, de la comisaría de policía de Bulaq Dakrur, en la provincia de Giza, fueron juzgados por la detención ilegítima, tortura y violación de Emad al-Kabir, y por la obtención y distribución de material pernicioso para la moral y la decencia públicas. Esta última acusación se refiere a que, según algunas informaciones, los acusados grabaron en vídeo la violación de Emad al-Kabir con la cámara de un teléfono móvil y posteriormente distribuyeron las imágenes con el fin de degradar y humillar más a la víctima.

La tortura en Egipto sigue siendo una práctica generalizada y sistemática, señala AI, y las denuncias sobre esta práctica se han apoyado últimamente con material gráfico –como vídeos de torturas y otros malos tratos– que se ha publicado en Internet.

Amnistía Internacional ha expresado en repetidas ocasiones sus motivos de preocupación en relación con la aplicación sistemática y generalizada de la tortura y otros malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad egipcias, en particular por el Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado, que dispone de amplias atribuciones en virtud del Estado de excepción que el gobierno ha mantenido prácticamente sin interrupción durante los últimos 40 años.

La ONG solicita a las autoridades egipcias que garanticen la investigación sin demora, exhaustiva e imparcial de todas las denuncias de tortura y otros malos tratos, así como el procesamiento de las personas acusadas de perpetrar, ordenar o autorizar tales abusos.

Por staff writer

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