Nigeria Derechos Humanos Amnistía Internacional denuncia la situación de los reclusos de Nigeriaafrol News, 27 de Febrero de 2008 - En un nuevo informe hecho público por Amnistía Internacional, AI, la organización ha expresado su condena por la situación del sistema de justicia penal de Nigeria y ha manifestado que las prisiones nigerianas están llenas de personas cuyos derechos humanos se violan sistemáticamente.
En Nigeria, el 65 por ciento de los reclusos no han sido condenados por ningún delito, y los hay que llevan esperando ser juzgados desde hace 10 años.
Al parecer, según señala AI, la tortura a manos de la policía es generalizada, y en los juicios es frecuente la presentación como prueba de "confesiones" obtenidas por ese medio.
El informe revela también que se encarcela junto con delincuentes convictos a personas que padecen alguna enfermedad mental, y que ni siquiera son sospechosas de haber cometido un delito, porque sus familias no quieren o no pueden ocuparse de ellas.
Amnistía Internacional también ha destacado las malas condiciones a que se enfrenta el personal penitenciario, que trabaja jornadas largas y agotadoras por salarios bajos que, a menudo, cobra con retraso. La escasez de personal crea problemas de seguridad tanto para los guardias como para los reclusos.
El gobierno de Nigeria ha manifestado en numerosas ocasiones su voluntad de reformar el sistema de justicia penal, y ha reconocido el papel que dicho sistema ha desempeñado en el establecimiento de una situación de hacinamiento y detenciones prolongadas.
Muchos comités y comisiones presidenciales han recomendado reformas, pero estas recomendaciones no se han puesto en práctica. En lugar de eso, se han establecido nuevos comités y comisiones para que estudien, revisen y armonicen las recomendaciones anteriores.
La mayoría de las personas que hay en las prisiones nigerianas son demasiado pobres como para poder permitirse contratar un abogado, y el servicio de asistencia letrada oficial cuenta únicamente con 91 abogados para todo el país. El resultado es que sólo una de cada siete personas en espera de juicio tiene acceso a asistencia letrada.
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