afrol News, 29 de Agosto - El gobierno británico ha criticado a una compañía minera, Afrimex, por no haber garantizado que sus actividades comerciales no contribuían al conflicto y a los abusos contra los derechos humanos en el este de Congo Kinshasa.

Afrimex, que realizaba prospecciones de minerales en un área del este de Congo Kinshasa ocupada por tropas rebeldes hasta 2003, está acusada de permitir a los soldados rebeldes conseguir dinero de la cadena de suministros de la compañía, ayudándoles a financiar su campaña militar contra el gobierno.

"Mediante su falta de diligencia, la compañía no contribuyó al fin del empleo de trabajo infantil y trabajo forzoso", según han revelado las investigaciones británicas.

El ministro británico de Comercio, Gareth Thomas, ha comentado que Gran Bretaña está decidida a promover los más altos standards éticos, insistiendo en que las compañías que realizan actividades comerciales en áreas de conflicto deberían adoptar todas las medidas posibles para poner fin a los procesos que alimentan los conflictos.

"Al operar de forma ética, las compañías británicas que invierten en los países en vías de desarrollo contribuirán a la paz y la prosperidad – no a la guerra y a los abusos contra los derechos humanos".

El año pasado, se presentó una queja contra las actividades de Afrimex entre 1998 y 2007 por parte de la organización Global Witness, lo que llevó a una investigación del National Contact Point (NCP), del Reino Unido.

El comunicado final de NCP en la queja contra Afrimex recomendó que las compañías británicas debieran usar su influencia sobre sus socios comerciales en Congo Kinshasa para garantizar que se aplique la debida diligencia en la cadena de suministros.

También recomendó que Afrimex creara un documento de responsabilidad corporativa basado en la repercusión de su cadena de suministros sobre los derechos humanos, declarando que debería ser integrado en las operaciones de la compañía.

La británica Global Witness presentó la queja contra Afrimex en febrero de 2007 alegando el incumplimiento de las regulaciones de 1998. La investigación del NCP cubrió el período desde junio de 2000, cuando las directrices actuales entraron en viogor.

Por staff writer

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