afrol News, 11 de Diciembre de 2008 - El ministro de Justicia de Botsuana, Dikgakgamatso Seretse, ha dejado claro que su gobierno no está considerando abolir la pena capital, alegando que la opinión pública está a favor de mantener esta pena.

El ministro así lo puso de manifiesto durante una reunión de la ONU destinada a examinar la situación de los derechos humanos en Botsuana.

Durante este examen periódico, los representantes de otros países han puesto en duda la situación en Botsuana en materia de derechos humanos y, en particular, el mantenimiento de la pena de muerte, que la mayoría de países de todo el mundo ya han abolido o, al menos, la mantienen sometida a una moratoria.

Ante la pregunta de si Botsuana finalmente abolirá la pena capital o va a introducir una moratoria sobre su aplicación, el ministro Seretse dijo que no está de acuerdo en que Botsuana esté violando convenciones internacionales de derechos humanos, ya que estos reconocen "que la pena de muerte sólo podrá imponerse por los delitos más graves, de conformidad con la ley en vigor en el momento de cometer el delito".

"En Botsuana la pena de muerte se impone sólo por delitos graves", defendió el ministro botsuano.

La posición del gobierno de Botsuana, según Seretse, por lo tanto, es que "no hay planes ni de abolir la pena capital o imponer una moratoria sobre su aplicación".

En 1997, el Comité Parlamentario para la Reforma Legislativa elaboró un informe sobre la opinión pública ante la pena de muerte, que se presentó ante el Parlamento Gaborone. Las conclusiones del informe mostraban que la sociedad en Botsuana estaba a favor de mantener la pena de muerte. "En la actualidad, la opinión pública afirma su apoyo a mantener la pena de muerte", dijo el ministro Seretse.

Botsuana es uno de los pocos países en el África Austral que hace uso práctico de la pena capital. El país ocupó los titulares internacionales en 2001 después de haber condenado a toda prisa y ahorcar en secreto a Marriette Sonjaleen Bosch, una mujer blanca de Sudáfrica condenada culpable de asesinato. En Botsuana se han ahorcado a 39 personas desde su independencia en 1966. La última ejecución fue en julio de 2003, la de Lehlohonolo Kobedi.

Pero también en el país, hay oposición a la utilización de la pena de muerte. La organización de derechos humanos Ditshwanelo reta la insistencia del gobierno en que la pena capital es necesaria, o incluso justificada. "En una democracia liberal, como Botsuana, que se basa en la libertad y la igualdad, la pena de muerte no es ni razonable ni justificable", dice el grupo, añadiendo que "no hay pruebas de que la pena de muerte es un medio eficaz de disuasión".

Otro argumento principal de Ditshwanelo es lo que denomina una "imposición arbitraria de la pena de muerte en el sentido de que tiende a ser impuesta a aquellos que están marginados y / o los más empobrecidos de la sociedad y que no tienen acceso a los servicios de un abogado". La empobrecida minoría 'san' en Botsuana, por ejemplo, ha demostrado ser estar excesivamente representada entre las víctimas de la pena de muerte.

Por staff writer

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