afrol News, 15 de Marzo de 2010 - En una decisión histórica, el gobierno de Burkina Faso ha decidido retirar los servicios de agua y electricidad de la lista de empresas estatales que serán privatizadas. Desafiando al FMI, el gobierno decidió que sería suficiente con reestructurar la gestión de las empresas.

Burkina Faso, bajo la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI), decidió privatizar sus empresas estatales. Esto incluye los servicios vitales de suministro de agua y electricidad, que originalmente debería haber sido privatizados ya en el período 2004-2006.

En una reunión de gabinete en Ouagadougou, el gobierno de Burkina Faso, sin embargo, decidió detener el proceso de privatización de la compañía nacional de electricidad, SONABEL, y la compañía nacional de agua y saneamiento (ONEA).

La declaración oficial de la reunión de gabinete, a la que ha tenido acceso afrol News, puntualiza que el gobierno había estudiado los resultados de SONABEL y ONEA y "decidió someterlas a un estilo de gestión privada, junto con un contrato de ejecución, y por lo tanto eliminarlas de la lista de las empresas que serán privatizadas." Y no se dieron más explicaciones.

La privatización de los servicios de agua y electricidad ha sido muy controvertida en Burkina Faso, y en África en general. Desde la década de 1990, la privatización de todas las empresas estatales y servicios públicos ha sido una exigencia del FMI, junto a la financiación de los denominados programas de reducción de la pobreza.

Muchos países africanos ya han vendido sus servicios de agua y de energía a empresas multinacionales, tras la reestructuración y recapitalización de dichos servicios. Si bien esto ha reducido los costes del gobierno a largo plazo y ha llevado a las compañías ha hacerse más efectivas, especialmente la privatización del agua se ha hecho, en su mayoría, a costa de los consumidores. Los precios del agua en su mayoría se han incrementado, los segmentos más pobres de la población han visto cerrado el abastecimiento de agua y la construcción de nuevas infraestructuras se ha centrado sólo en barrios y zonas ricas. Por último, los ingresos de los grandes recursos locales de agua han terminado en la sede de la empresa extranjera.

Estos problemas sociales derivados de la privatización del agua, en particular, y también en cierta medida de la privatización de la electricidad, provocó una ola de protestas durante la última década. Sin embargo, el FMI ha seguido presionando para la privatización de todos los servicios públicos del Estado hasta alrededor de 2009, cuando se comenzó a dar mayor atención a los efectos sociales de los programas del FMI.

Y también en Burkina Faso. El gobierno de Ouagadougou, junto con expertos del FMI, definió un programa de reducción de la pobreza, en conformidad con las normas del FMI. Y la privatización tenía una gran prioridad.

Ya en la "Estrategia de Reducción de la Pobreza" para 2004-2006, estos objetivos quedan claros. "El sector del agua también estará abierto a la participación del sector privado con la privatización del abastecimiento de agua y la autoridad de saneamiento, ONEA", establece claramente el documento. Y también SONABEL "estaba predestinada a la privatización".

En particular, la privatización de servicios públicos de agua en el país causó un gran revuelo en Burkina Faso. Los sindicatos, en varias ocasiones, instaron al Gobierno a no ceder a vender "las empresas estratégicas de agua y electricidad a los intereses privados", recordando que todavía menos del 60 por ciento de la población de Burkina Faso tenía acceso a agua potable.

Mientras que las dos empresas estatales de servicios públicos permanecían en la lista de empresas que se iban a privatizar, los funcionarios de Burkina Faso no mostraron ninguna prisa para ofrecerlas a los potenciales compradores. En cambio, otras empresas estatales menos estratégicas, como el proveedor de telecomunicaciones ONATEL y la empresa nacional de petróleo, SONABHY, continuaron su proceso de privatización.

Silenciosamente, el gobierno de Burkina Faso ha tratado de influir para que el FMI sea más flexible en cuanto a la privatización de los servicios sociales estratégicos. Durante los últimos años, el Fondo ha experimentado un lento cambio de política que permite esa flexibilidad, con el fin de evitar los efectos sociales negativos de sus programas.

Curiosamente, en la última evaluación del FMI sobre la implantación en Burkina Faso de los programas de reducción de la pobreza patrocinados por el FMI, no se mencionan ni SONABEL ni ONEA. En una evaluación del FMI en octubre de 2009, se mencionan "las inversiones del gobierno en el sector de agua y saneamiento", pero no se hace ninguna referencia a la privatización de ONEA.

La última reunión del Ejecutivo de Burkina Faso, de este modo, pone fin a una década de conflictos sobre la posible privatización del agua y la electricidad en Burkina Faso, al parecer con la aceptación del FMI.

Por staff writer

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