Pierre Nkurunziza, presidente de Burundi

© Mark Garten/UN Photo/afrol News

afrol News, 26 de Noviembre de 2010 - Con la oposición parcialmente prohibida, periodistas encarcelados y denuncias de tortura, el presidente Pierre Nkurunziza está erradicando las voces críticas en Burundi. Nuevos informes indican que se está implantando una dictadura.

Un nuevo informe, bastante crítico, sobre el deterioro de las normas democráticas en Burundi ha sido publicado por la organización Human Rights Watch (HRW), basada en Nueva York. El informe, de 69 páginas y titulado "¿Cerrando las puertas?: El estrechamiento del espacio democrático en Burundi)", documenta abusos como la tortura, las detenciones arbitrarias, la prohibición de actividades de la oposición y el acoso a grupos de la sociedad civil.

La asociación local para la Protección de los Derechos Humanos y de las Personas Detenidas (APRODH) ya se había quejado anteriormente por el aumento de la brutalidad y la policía política contra la oposición y la prensa en Burundi. Incluso el líder de APRODH, Pierre Claver Mbonimpa, denuncia haber sido amenazado por la policía.

A principios de este mes, Reporteros sin Fronteras (RSF), con sede en París, acusaba a la policía y al gobierno de las detenciones ilegales de periodistas críticos en Burundi y el acoso a los medios de comunicación independientes.

El informe ahora publicado por Human Rights Watch resume estas tendencias negativas y presenta nuevos datos sobre la represión política en el país del Este de África. Según HRW, la situación sufrió un fuerte deterioro antes de las controvertidas elecciones celebradas este año, y no ha mejorado desde entonces.

Las elecciones locales de mayo, que según los resultados oficiales terminaron con una victoria aplastante a favor del CNDD-FDD, provocó protestas por parte de la oposición y denuncias de "fraude masivo". La oposición se unió y boicoteó las elecciones presidenciales de junio y las parlamentarias de julio.

El presidente Nkurunziza respondió mediante la imposición de una prohibición general de todas las reuniones y actividades de los partidos de la oposición, provocando una oleada de detenciones de varios miembros de la oposición y periodistas.

En agosto, el partido gobernante dio un "golpe" contra el principal partido de oposición, el FNL, con un "congreso extraordinario del FNL" con miembros disidentes del partido y organizado con el apoyo del CNDD-FDD. El "congreso" votó a los nuevos dirigentes del FNL, en cuya cúpula situó a simpatizantes del partido en el poder. Y el ministro del Interior reconoce a la nueva dirección del partido.

Desde entonces, el espacio para la actividad política de los partidos de la oposición sigue siendo limitado. Después de las elecciones, algunos miembros de las FNL y de otros partidos de la oposición se retiraron a las zonas forestales que habían sido bases de las tropas rebeldes durante la guerra civil de Burundi de 1993-2009, y al otro lado de la frontera con la República Democrática del Congo. Desde septiembre, han llevado a cabo ataques esporádicos contra objetivos policiales y militares y contra civiles asociados con el CNDD-FDD. En respuesta, las autoridades han arrestado a varias docenas de miembros de la oposición por cargos relacionados con la "pertenencia a grupos armados", en algunos casos sin determinar específicamente el delito cometido.

Durante y después de las elecciones, han sido asesinados miembros tanto del partido gobernante como de la oposición en atentados con aparente motivación política. Desde septiembre, se han hallado al menos 18 cuerpos en el río Rusizi, cerca de Bujumbura. Entre ellos estaban los cadáveres de tres miembros de las FNL que habían sido arrestados en octubre, lo que hizo que las Naciones Unidas y la Unión Europea se sumaran a las voces de la APRODH, la organización de derechos humanos burundesa, para condenar las aparentes ejecuciones extrajudiciales.

"El resurgimiento de los grupos armados que están cometiendo abusos, entre ellos el asesinato de civiles, plantea una amenaza real de seguridad para el Gobierno", señaló Rona Peligal, directora para África de Human Rights Watch. "Pero la amenaza de los grupos armados no justifica los asesinatos extrajudiciales ni los arrestos arbitrarios", agregó.

El informe identifica algunos acontecimientos positivos. Según Human Rights Watch, algunos funcionarios del Gobierno han mantenido un diálogo constructivo con la sociedad civil y los partidos de la oposición. En junio, un tribunal de la provincia de Muramvya dio un raro ejemplo de independencia judicial con la condena de tres agentes de policía por el maltrato de presuntos miembros de las FNL y otros civiles en 2007, aunque los agentes de policía aún no han sido puestos bajo custodia.

Según Human Rights Watch, los gobiernos extranjeros donantes han alentado a Burundi a que respete los derechos de los periodistas y los activistas de la sociedad civil. Otros países de la región han promovido que Burundi cumpla sus promesas de fortalecimiento de los mecanismos institucionales de protección de los derechos humanos. Sin embargo, debido a su frustración por la decisión de la oposición de boicotear unas elecciones en las que se había implicado mucho la comunidad internacional, muchos de estos países no han instado activamente al Gobierno a que respete los derechos de los partidos de la oposición.

"Si Burundi quiere que el mundo lo considere una democracia, su líderes tienen que evitar la tentación de gobernar como un Estado monopartidista de facto, y garantizar en cambio el espacio para la oposición política y las expresiones de disentimiento", señaló Peligal. "Los donantes internacionales y los países vecinos deben dejar claro al partido gobernante de Burundi que tiene que colaborar con sus críticos, en lugar de silenciarlos", concluye.

Por staff writer

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