- En Túnez, criticar a las autoridades se paga caro. Un tribunal militar impuso al ex asesor presidencial tunecino Ayoub Massoudi una pena aún más severa en fase de apelación en un juicio por difamación.
Un tribunal militar de apelación tunecino ha confirmado la declaración de culpabilidad de un ex asesor presidencial por los cargos de difamación y le ha impuesto una pena aún más severa, en lo que Amnistía Internacional ha denominado como “nuevo golpe” contra la libertad de expresión en el país desde el derrocamiento del presidente Ben Alí.
El 4 de enero, el tribunal de la capital, Túnez, prorrogó hasta un año de cárcel la condena condicional de cuatro meses impuesta inicialmente a Ayoub Massoudi, que en septiembre de 2012 había sido declarado culpable de “socavar la reputación del ejército " y "difamar a un funcionario público".
Además, lo privaron de determinados derechos civiles, como servir en el ejército, trabajar como funcionario, o la posibilidad de que el Estado le concediese honores o distinciones.
Los cargos contra Massoudi se presentaron por haber criticado públicamente la extradición del ex primer ministro libio Al Baghdadi al Mahmoudi de Túnez a Libia en junio de 2012.
“El endurecimiento de la pena transmite un mensaje muy claro: que las autoridades tienen intención de actuar con dureza contra quienes las critican”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Este veredicto debe anularse de inmediato; con él se pretende castigar a alguien simplemente por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión. En todo caso, los civiles nunca deben ser juzgados ante tribunales militares.”
Según ha afirmado Amnistía Internacional, no sólo se ha vulnerado el derecho de Massoudi a la libertad de expresión, sino que ha sido juzgado en el sistema de justicia militar de Túnez, y con ello se ha socavado también su derecho a un juicio con garantías.
Una de las autoridades objeto de la difamación de la que se le acusó –el ministro de Defensa tunecino– también preside el Alto Consejo de Jueces Militares, encargado de supervisar el nombramiento, la destitución, la disciplina y la promoción de los jueces militares. La otra persona es el jefe de las fuerzas armadas, el general Rachid Ammar. Este hecho plantea graves interrogantes en torno a la capacidad del sistema de justicia militar de manejar el caso de Massoudi con imparcialidad e independencia.
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