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afrol.com, 07.04.2001 - En un juicio que puede llegar a ser histórico en Ghana, Janet Tibu, de 80 años, denuncia a 12 hombres, incluidos el jefe del pueblo y un ministro de iglesia, a pagarle los daños que ha sufrido por haber sido acusada de ser bruja y condenada al destierro. El destierro de mujeres sospechosas de ser brujas está considerado como una de las peores violaciones a los derechos de las mujeres. La ley tradicional se enfrenta con la constitución moderna de Ghana en este juicio, crucial para la situación de las mujeres en la sociedad rural del país. La práctica del destierro de brujas es ilegal según las leyes nacionales, pero sigue siendo común en las provincias del norte del país. La práctica, evidentemente, limita la posibilidad de las mujeres para tomar el control de sus propias vidas, según todos los analistas. Las mujeres acusadas por brujería son víctimas de abusos y tratos crueles, y su destino suele ser determinado por un juicio de ordalías (pruebas a las que se someten a los acusados para comprobar que, si son inocentes, podrán superarlas gracias a la ayuda de Dios). A las mujeres desterradas y a sus hijos se les niegan los derechos más básicos, como el acceso al agua potable segura, comida, hogar, sanidad y educación. La práctica, que tiene su origen en el siglo XVII, se basa en buscar un culpable para todas los fallecimientos y otras desgracias, y normalmente el culpable suele ser una mujer que recurre a la brujería. Según BBC África, Janet Tibu fue condenada "culpable de hechizar al curandero local, causándole su pobreza e impotencia." El curandero declaró, durante el juicio de ordalías, que nunca había dinero en su cuenta de ahorro, sus cultivos estaban destruídos por pestilencia y sus pacientes dejaron de acudir a verle. Contó que su hijo, que había confesado que era un mago, mantenía que Janet Tibu era la responsable de su desgracia. El tribunal del pueblo de Peki-Avetile, en el norte de Ghana, declaró a Tibu como culpable, y le dio una multa de 6 dólares, un cubo con vino de palma, cuatro botellas de ginebra y dos ovejas, según el BBC. También prohibió a sus hijos, que vivían con ella cuidándola, poder volver a ver a su madre. Janet Tibu, manteniendo que ha arruinado su vida y su reputación, ahora ha dado un giro completo a la situación, denunciado a los hombres responsables de su juicio. Aunque será el primer juicio de un caso así en Ghana, la legislación ghanesa parece estar claramente a favor de la queja de Tibu. En 1998, el parlamento ghanés amplió su legislación protegiendo explícitamente los derechos de mujeres y niños. Provisiones de la nueva ley incluyen la prohibición de la práctica de "servidumbre habitual" (conocido como trokosi) y, en particular, la protección contra la acusación a mujeres de ser brujas. Según la Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa (CHRAJ) del estado ghanés, hasta 5.000 mujeres pueblan los llamados "pueblos de brujas" en cuatro distritos en la región del norte. En algunos casos, las mujeres fueron condenadas a irse a estos pueblos por las autoridades de sus localidades de origen, afirmando que tenían el poder de determinar quiénes eran brujas. En otros casos, familiares, o las mismas mujeres, llegan a los pueblos pensando que eran brujas y pidiendo protección o una cura contra la aflicción. Aunque no existen sanciones legales contra las mujeres si deciden irse de los "pueblos de brujas", la mayoría teme que morir o ser linchadas si son encontradas fuera de los pueblos en los que deben vivir su condenada. Dentro de los campos de brujas, también suele existir el trabajo forzado. Distintas ONGs estiman que la cifra de habitantes en los campos de brujas está creciendo. Aunque se invierte mucho trabajo por parte de las ONGs en la lucha contra la práctica, todavía hay campañas ocasionales de caza de brujas, provocando el aumento de la cifra de víctimas. La última campaña de caza de brujas fue en 1997, cuando una epidemia de meningitis mató a más que 500 personas en Ghana. Entonces, una multitud incontrolada mató a tres mujeres de mediana edad en el pueblo Yoggu, acusándolas de extender la enfermedad con sus brujerías. Durante esta campaña, los "pueblos de brujas" registraban un cifra creciente de supuestas brujas desterradas. La CHRAJ y ONGs de derechos humanos de Ghana han llevado a cabo campañas para acabar con esta práctica tradicional, que viola los derechos constitucionales de las víctimas, pero hasta ahora se han visto pocas iniciativas por parte del gobierno. Se espera que el juicio de Tibu ayudará a concienciar sobre la práctica del destierro de brujas, y, si ganará, animará seguramente a más mujeres a tomar iniciativas legales contra la práctica.
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