afrol News, 24 de Octubre - Abogados y familiares de las víctimas mortales del vertimiento de desechos tóxicos en Costa de Marfil en 2006 han acogido con satisfacción la condena y el encarcelamiento de dos personas, pero lamentan que la justicia no les ha apoyado aún totalmente.

El nigeriano Salomon Ugborugbo, director de la empresa local Tommy, que presuntamente había utilizado camiones para distribuir los residuos en torno a Abidján, hace dos años, fue condenado a una mayor condena, de 20 años de prisión, bajo la acusación de "envenenamiento", mientras que el agente del barco de Costa de Marfil, Desire Kouao, fue condenado a un período de cinco años de prisión por "complicidad" en el mismo cargo.

Al mismo tiempo, siete funcionarios de adunas y funcionarios portuarios quedaron absueltos.

Algunos familiares de las víctimas criticaron que si bien alguna justicia finalmente ha llegado, algunos ejecutivos ricos, responsables del desastre, siguen cómodamente en sus oficinas en el extranjero y no pueden ser condenados.

17 personas murieron, mientras que miles de personas fueron supuestamente víctimas de algunas enfermedades como consecuencia del vertido de residuos nocivos en lugares abiertos alrededor de Abidján, capital comercial de Costa de Marfil.

En el caso se vio envuelta la empresa comerciante de petróleo 'Trafigura', basada en los Países Bajos y cuyas rutinas en su proceso de comercialización ha planteado algunas serias dudas sobre el vertido de materiales tóxicos en varios países africanos pobres.

Según informaciones aparecidas en la prensa local, Trafigura ya ha ofrecido a los tribunales un acuerdo por valor de casi 200 millones de dólares como indemnización a al Gobierno de Costa de Marfil, a pesar de que la empresa ha negado cualquier responsabilidad por las muertes y las enfermedades sufridas por los residentes.

El 19 de agosto de 2006, el barco Probo Koala, fletado por Trafigura, vertió 400 toneladas de fuel, agua y sosa cáustica utilizadas para limpiar los compartimentos dedicados al transporte de hidrocarburos. La descarga tuvo lugar en Akouedo y en al menos diez otras ubicaciones de la periferia de la ciudad, incluido un canal que desemboca en un lago, bordes de la carretera y terrenos abiertos. Tras el vertido de las sustancias tóxicas, fallecieron 17 personas y cerca de 100.000 tuvieron que recibir tratamiento médico.

Los residuos de este tipo están regulados por la Convención de Bâle que exige que éstos sean tratados lo más cerca posible del lugar de producción y en instalaciones adecuadas. Desgraciadamente, dicha Convención no incluye mecanismos de sanción, lo cual es explotado por fletadores irresponsables que envían sus barcos a descargar sus residuos de explotación al sur.

Por staff writer

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