Laurent Kabila, ex-presidente de Congo Kinshasa

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afrol News - Laurent Kabila fue considerado como un libertador, local e internacionalmente, cuando tomó el control de Kinshasa en 1997, después de la dictadura de Mobutu Sese Seko. Pero ya en ese camino hacia el poder Kabila había cometido crímenes de guerra, que seguiría cometiendo después para mantenerse en su puesto. El siguiente informe, realizado por Human Rights Watch, es un testimonio de la relación entre Kabila y los derechos humanos.

Laurent-Desiré Kabila tomó el control de la República Democrática del Congo en 1997, después de una sangrienta guerra en la que sus colaboradores y aliados ruandeses y ugandeses asesinaron a millares de civiles. Un año más tarde defendió su régimen de nuevo con una segunda guerra después de que sus antiguos aliados, Ruanda y Uganda, invadiesen el país en 1998.

Durante esta segunda guerra, las fuerzas de Kabila, al igual que las de Uganda, Ruanda y los rebeldes congoleños aliados con ellas, produjeron de forma indiscriminada ataques a la población civil, ejecuciones, violencia y destrucción de propiedades, con el resultado del desplazamiento masivo de la población.

En los excasos cuatro años que se mantuvo en el poder, Kabila violó, de forma regular y sistemática, los derechos humanos de la población congoleña, asesinando, torturando, encarcelando y causando la "desaparición" de todos aquellos que se manifestaban como opositores a su régimen. Entre todos ellos, quienes más sufrieron eran sus oponentes políticos, líderes de la sociedad civil, activistas de derechos humanos y periodistas.

Kabila otorgó las concesiones para explotar las abundantes y ricas minas del país a sus colegas militares y comerciales, mientras la economía nacional se estaba desintegrando y la población carecía de alimentos, medicinas y otros productos básicos, principalmente en Kinshasa y otras zonas urbanas.

A pesar de sus abusos, Kabila conseguía algunos apoyos al retratarse a sí mismo como un símbolo de resistencia nacional frente a las fuerzas extranjeras que ocupaban la parte este de Congo. Se aprovechó del odio hacia los tutsis que fomentaban sus aliados, acusando a los tutsis de reponsables ante la mala conducta del ejército ruandés y sus aliados congoleños.

Kabila disfrutó del apoyo de las tropas de su región natal de Katanga, a las que beneficiaba con pagos y regalos periódicos. Pero otras unidades militares, que normalmente no recibían ningún tipo de salario, tenían que robar a los propios ciudadanos para poder sobrevivir.

Tras el asesinato de Kabila, un nuevo gobierno hereda hoy una nación rota por una guerra en la que ya han tomado parte seis países vecinos y ha engendrado tres movimientos rebeldes, así como numerosas pequeñas bandas armadas. Distintas multinacionales, muchas de ellas basadas cerca de la región, han aprovechado la riqueza del Congo, mientras sus gobiernos no han tomado las medidas adecuadas para presionar en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto.

Solamente un fin de las hostilidades, la interdicción de incursiones en los países vecinos y la retirada de fuerzas extranjeras ofrece la posibilidad de evitar conflictos étnicos, como los que empiezan a producirse en la región sur de Kivu, dominada por Ruanda y en la región de Ituri, ocupada por Uganda.

Según fuentes humanitarias internacionales, más de 1,7 millones de congoleños han muerto como resultado de la guerra. La muerte de Kabila no puede garantizar un final a esta carnicería; se requiere un compromiso por parte de todos los involucrados, así como de la comunidad internacional.

La muerte de Kabila no despeja la situación, pero crea la oportunidad de insistir en la responsabilidad de los crímenes cometidos durante su poder. En 1997 el Secretario General de las Naciones Unidas envió un equipo para investigar los crímenes de guerra cometidos por todas las partes durante la primera guerra en Congo Kinshasa. Kabila bloqueó el trabajo, pero los investigadores habían recogido ya suficiente información para concluir que las fuerzas militares que intervinieron en esta guerra habían cometido crímenes contra la humanidad y posiblemente genocidio.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas solicitó a los gobiernos de Congo Kinshasa y Ruanda continuar con las investigaciones, pero no hicieron nada. Después de comenzar la segunda guerra, el gobierno de Kabila alegó que su anterior aliada, Ruanda, era responsable de obstruir la investigación. Naciones Unidas no dijo nada.

Human Rights Watch concluye su informe recordando que "El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debería ahora nombrar una Comisión de Expertos para resumir y encontrar respuestas a las cuestiones anteriores y examinar los crímenes contra la humanidad cometidos por las distintas partes en Congo Kinshasa".

© afrol News / Human Rights Watch

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